El Ministerio Público cuestionó la vigencia de seis leyes emitidas recientemente por el Congreso, al considerar que estas amenazan la función fiscal y la administración de justicia.
Mediante un pronunciamiento, difundido en sus redes sociales, señalan que dichos dispositivos afectan su autonomía, la defensa de la legalidad y la persecución del delito.
“Estas normas representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y el combate contra la criminalidad”, señala dicho organismo autónomo.
Asimismo, el Ministerio Público indicó cuáles son estas seis leyes, el impacto que producen y el problema que representa cada una de ellas. A continuación, reproducimos el texto publicado:
Objeto: Define la aplicación de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Problema: Limita la capacidad de la fiscalía frente a violaciones de derechos humanos con sentencias firmes.
Impacto: Limita el tiempo para corroborar información brindada por colaboradores eficaces.
Problema: Obstaculiza la investigación de delitos complejos y graves.
3. Ley 32181, eliminación de la detención preliminar
Impacto: Deroga la detención preliminar o prisión preventiva a efectivos policiales que hacen uso de su arma de fuego causando lesión o muerte.
Problema: Limita la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones delicadas y contraviene el principio de igualdad ante la ley.
4. Ley 31751, recorte de plazos de prescripción
Impacto: Modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal.
Problema: Impide la persecución de delitos graves debido a la reducción de plazos de prescripción.
5. Ley 32108, Ley contra el crimen organizado
Impacto: Introduce categorías adicionales para sancionar a grupos criminales.
Problema: Dificulta la tipificación y sanción de grupos que cometan estas actividades y complica los allanamientos, al exigir la presencia de un defensor público, afectando la agilidad de las investigaciones.
Impacto: Modifica las leyes de la Carrera Fiscal y Judicial.
Problema: Castiga la actuación de fiscales y jueces sin respetar sus criterios jurídicos, con lo que se pretende intimidar al sistema de justicia.
(FIN) MCA/CVC
JRA
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Publicado: 14/1/2025