Beatriz Alva Hart, gerente de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, sostuvo en diálogo con la Agencia Andina que se espera que el fiscal de Asuntos Ambientales enviado a dialogar con las comunidades mencionadas y sus dirigentes logre que ellos autoricen el ingreso del personal encargado de las acciones de contención y recuperación del crudo.
Alva Hart refirió que el Frente de Defensa de Manseriche remitió un oficio suscrito por su presidente, César Díaz Coronado, a la empresa Lamor –contratista de Petroperú y encargada de las labores de limpieza- solicitándole que suspenda los trabajos de contingencia por no haberse llegado a ningún acuerdo en la reunión sostenida el pasado 29 de junio.
Una de las pretensiones del citado frente de defensa consiste en obligar a la contratación de una empresa local y al pago de un jornal de 150 soles a cada trabajador. Además, el frente de defensa niega que el derrame sea consecuencia de un daño intencional al ducto y no permite que se revise el corte detectado en presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Alva Hart consideró que esta demanda del frente de defensa es un acto de extorsión y refirió que la remuneración solicitada duplica lo que se paga en promedio a los trabajadores por las labores de contingencia en casos de afloramiento de crudo.
La gerente de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú recordó que las comunidades de Jerusalén y Nuevo Progreso están consideradas en el Plan de Desbroce de Derecho de Vía y Sistema de Vigilancia Participativa del Oleoducto Nor Peruano.
Detalló que este plan busca establecer un mecanismo sostenible de empleo local transparente y fortalece la relación con las comunidades vecinas al ducto. Asimismo, incrementa la dinámica económica de la zona, creando oportunidades laborales para los ciudadanos de las 95 comunidades colindantes al oleoducto, mediante un sistema de empleo local rotativo basado en la información que es validada por las asambleas comunales.
Hostilidad en Jerusalén
La negativa de los dirigentes y población de las comunidades de Jerusalén y Nuevo Progreso a facilitar las labores de contingencia frente al afloramiento de petróleo se convirtió en un acto hostil el pasado 24 de junio. Ello, pese a que inicialmente aceptaron la colocación de una grapa que bloquea la fuga y la colocación de barreras para contener el combustible en la quebrada de Saramiriza que desemboca en el río Marañón.
Pese a que fueron advertidos del riesgo inminente del ingreso del petróleo al río Marañón para que faciliten las labores de contingencia, los dirigentes y unos 60 pobladores de la comunidad de Jerusalén retuvieron ilegalmente a los integrantes de una comisión supervisora conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de Petroperú y de la Policía Nacional. Y la situación se tornó crítica con la agresión física al subprefecto de Manseriche y a un relacionista comunitario de Petroperú, quienes también formaban parte de dicha comisión.
Luego de más de seis horas de retención en un “calabozo comunal”, los miembros de la comisión fueron liberados y tras llegar a la localidad de Saramiriza, ambas víctimas de agresión fueron atendidas por personal médico del hospital de campo de la estación 5 de Petroperú.
Este lamentable incidente evidencia la tensión que se vive actualmente en Manseriche, motivada –según Alva Hart- por la posición radical de algunos dirigentes como Ismael Pérez que persiguen intereses ajenos al bienestar de las comunidades y la preservación del ambiente.
Advirtió que de no resolverse esta situación de conflicto en las próximas horas, se podría complicar más debido al anunciado paro amazónico convocado precisamente por aquellos dirigentes comunitarios radicales, para este viernes 5 de julio.
“El fiscal nos ha dicho que hará todo su esfuerzo para convencer a la población y, de ser así, retomaremos de inmediato las acciones de contingencia. Tenemos esperanza en que el fiscal nos ayude”, expresó la funcionaria.
Aseveró que Petroperú continúa coordinando con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para obtener las garantías del caso, se restaure el orden y paz social y con ello salvaguardar al ambiente y a las comunidades aledañas.
Asimismo, reiteró su invocación a los pobladores –en beneficio de su propia salud y seguridad– a deponer sus medidas de fuerza y retomar el diálogo a fin de restaurar el entorno a sus condiciones habituales en el más breve plazo posible.
Limpieza y remediación
Cada día que pasa complica más este problema que perjudica directamente la salud de la población de las comunidades, razón por la que el Gobierno declaró la
emergencia sanitaria a las comunidades afectadas por un plazo de 90 días calendario. Además, existe un grave impacto en el medioambiente amazónico en ese sector del tramo 2 del oleoducto.
La funcionaria de Petroperú sostuvo que por ello es imprescindible llevar adelante cuanto antes el plan de contingencia. Explicó que este consiste en obturar la tubería y establecer las barreras de contención para evitar que el hidrocarburo continúe aflorando. Luego se procede a retirar el combustible de las zonas donde se diseminó.
También se convocará a las entidades de fiscalización competentes, como Osinergmin, OEFA y la Fiscalía de Asuntos Ambientales para que constaten cuál es la naturaleza del corte en el ducto. A continuación, se ejecuta la reparación de la tubería.
Explicó que la limpieza consiste en la extracción del petróleo con bombas de succión, tanto en las riberas, cuerpos de agua y áreas verdes. “El equipo técnico ha estimado que las tareas de limpieza demandarían entre seis y siete días. Luego se inicia la remediación ambiental que toma más tiempo”, manifestó.
Respecto al daño que presenta la tubería, Alva Hart comentó que el corte vertical detectado evidenciaría un acto deliberado. Aseguró que el ducto no presenta defectos por corrosión o desgaste, tal como lo indica el “raspatubo”, un equipo de verificación que recorre la tubería y mide su espesor.
(FIN) LZD/MAO
JRA
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