La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló hoy que el Perú, por medio de jueces y fiscales valientes, ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, y eso no significa que haya una persecución política en el país.
El caso Lava Jato, refirió, compromete la participación de exmandatarios, exfuncionarios y partidos políticos.
Agregó que los implicados en las investigaciones del Ministerio Público han desplegado una sistemática labor de obstrucción a la justicia, especialmente a través de su representación en el Congreso de la República, y también a través de operadores que actúan dentro del sistema de justicia.
Respecto del asilo diplomático solicitado por Alan García, refirió que la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático, en su artículo III, señala: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales […]”, como ocurre con el exmandatario actualmente investigado por el Ministerio Público.
Asimismo, dijo que el expresidente Alan García al ingresar a la residencia del embajador uruguayo solicitando asilo incumple la orden judicial de impedimento de salida del país e incurre en el supuesto de peligro de fuga, con el propósito de impedir la labor de la justicia.
Indicó que ese hecho amerita que la Fiscalía solicite prisión preventiva por peligro de fuga para el expresidente García.
“Alertamos a la opinión pública nacional e internacional que en el Perú no hay persecución política, ni se ha producido una ruptura del Estado de derecho, como alega el expresidente García. Por el contrario, se ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, llevada a cab0 por mujeres y hombres que -desde el sistema de justicia- actúan con diligencia, probidad y total respeto al debido proceso”, resaltó.
La CNDDHH destacó que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad no solo se debe dar internamente en los países de la región, sino a escala internacional.
“Por esta razón exhortamos a la República de Uruguay no otorgar el asilo solicitado por el expresidente García, ya que carece de todo sustento jurídico y político”, aseveró.
Por último, exhortó a la ciudadanía, sus organizaciones y colectivos, y a las fuerzas democráticas del país a mantenerse firmes y vigilantes en apoyo a la justicia, especialmente a las mujeres y hombres que, desde su posición como jueces y fiscales, enfrentan a los grupos de poder y redes de corrupción implicados en el caso Lava Jato.
(FIN) NDP/SMA
GRM
Publicado: 20/11/2018