Harold Moreno LunaGrave situación. En el marco de una supervisión, iniciada en julio de 2018 y aún en proceso, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lleva registrados ya 125 casos de denuncias de hostigamiento sexual en las universidades peruanas.
Estas denuncias son evaluadas actualmente por el ente en base a criterios como la forma en que fueron recibidas por parte de las universidades, las medidas cautelares tomadas, los plazos que los procesos tardaron y las medidas sancionadoras aplicadas.
“Como en cualquier acto de incumplimiento de la Ley Universitaria y según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, tras verificar una inacción la universidad está sujeta a un proceso administrativo fiscalizador”, explicó Areli Valencia, jefa de Supervisión de la Sunedu, a la Agencia Andina.
La funcionaria recordó además que el artículo 95 de la Ley Universitaria establece que, si se identifica un acto de hostigamiento sexual por parte de un docente, es causal de destitución por falta grave en el ejercicio de la docencia.
Avances
En julio de 2018, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó los lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos en las universidades, privadas y públicas, para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual.
Esto se dio en el marco de lo que dispone la Ley Universitaria, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, el Plan Nacional Contra la Violencia de Género y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
Según información entregada por las propias universidades a la Sunedu (en actualización permanente), de 139 universidades a la que se les pidió esos datos, 39 de ellas no cuenta todavía con ningún reglamento o norma para la prevención e intervención ante denuncias por hostigamiento sexual.
La mayoría de las universidades, sin embargo, sí tiene algún protocolo para la atención de estos casos: el 43% como un documento específico y el 30.9% dentro de un documento más general, como el estatuto de cada universidad.
“No hay universidad que pueda decir que no debe regular esto. No hay justificación para no atender estos casos”, advirtió Valencia. Agregó que lo ideal es que las universidades tengan lineamientos específicos para tratar estos casos, porque son situaciones bastante especiales que requieren una atención con conocimiento en temas de género y sensibilización sobre violencia sexual o violencia de género. "No son casos aislados: es un problema sistémico en nuestro ámbito universitario”, puntualizó.
Protección de derechos
Para la jefa de Supervisión de la Sunedu, hoy es más claro que las causas de los casos de hostigamiento sexual “son los desbalances de poder, las estructuras patriarcales, problemas sistémicos que requieren respuestas sistémicas". Además, son las mujeres un grupo especialmente vulnerable.
Según el
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, tres de cada 10 víctimas de crímenes como el feminicidio tenían entre 18 y 24 años (según estadísticas desde el 2009 hasta el 2018), y el 93,1 % de las víctimas de violación sexual son mujeres.
Según un estudio de Datum sobre las mujeres peruanas, Perú es el segundo país de América en casos de acoso sexual a mujeres y; según el resumen ejecutivo de incidencia del MIMP sobre el hostigamiento sexual en el ámbito universitario de 2017, tres de cada diez encuestados universitarios, entre mujeres y varones, ha sido víctima de hostigamiento sexual en algún momento de su vida, y un estudiante de cada diez lo ha sido en el último año.
El mismo documento del MIMP revela de solo el 8% de los casos de hostigamiento sexual son denunciados o quejados formalmente.
Universidad Católica
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una de las que cuenta con un reglamento específico para la prevención e intervención en estos casos. Además, y según dispone este documento, cuenta con una comisión especial para atender estos casos desde el 2016.
"Lo más interesante de nuestro reglamento es que el tema sale del Tribunal de honor y otras instancias y pasa a ser trabajado por una comisión autónoma. Nosotros solo respondemos al Consejo Universitario. No estamos bajo el mandato de ningún decano o de otro tribunal. Podemos decidir y aplicar sanciones como la destitución de un docente", destacó Marisol Fernández, presidenta de la mencionada comisión.
Fernández explicó que el reglamento que los rige surgió a propuesta de la maestría en Estudios de Género y de los grupos de investigación docente en estos temas de la PUCP. Como sanciones posibles se detallan la destitución de los docentes y la suspensión o expulsión de los estudiantes, según la gravedad del caso. Esta comisión no tiene potestad para atender casos que involucren al personal administrativo.
El trabajo de esta Comisión, que no tiene potestad para ver casos que involucran a personal administrativo, fue cobrando más notoriedad con el tiempo y pasó de atender ocho denuncias en el 2017 a tener más de 30 en el 2018.
"Hay dinámicas entre estudiantes, o entre estudiantes y docentes, donde el acoso está presente y son prácticas toleradas o normalizadas. Por esto también existe un trabajo preventivo con cartillas, campañas. Poco a poco se ha ido generando más conciencia. Trabajamos además con una psicóloga interna que brinda soporte durante el proceso disciplinario y con psicólogas externas que dan ocho sesiones terapéuticas gratuitamente".
Como novedades para el 2019, esta comisión contará con un espacio propio dentro del campus y, gracias a una modificación del Reglamento, podrá atender denuncias de oficio en casos que lo ameriten. Antes, solo podían intervenir cuando las presuntas víctimas denunciaban.
San Marcos y Villarreal
Según este Reglamento, la presunta víctima deberá hacer la denuncia ante la Defensoría Universitaria de la UNMSM, quien evaluará si tiene o no sustento y derivará el caso a la instancia que corresponda, según se trate de estudiantes, docentes o personal administrativo. De no ser declarada procedente, la presunta víctima (estudiante, docente o personal administrativo) puede todavía presentar una reconsideración a la Defensoría, que la deberá trasladar al Consejo Universitario.
Otra universidad que aprobó su reglamento para prevenir e intervenir en estos casos es la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Luis Matos, defensor universitario de esta casa de estudios, explicó que el reglamento se basa en el principio de celeridad.
La Defensoría Universitaria de la UNFV tiene un plazo de 24 horas a partir de recibida la denuncia para notificar a las partes e iniciar la investigación. Luego se elabora un informe que será trasladado al Tribunal de Honor de la universidad que, según la información recibida, podrá sancionar a un docente, estudiante o administrativo, aplicando la separación de ameritar el caso.
Matos destacó que la Defensoría tendrá ahora las funciones que antes tenían las facultades, donde la carga de subjetividad era mayor. "Ahora, incluso, el reglamento establece que los docentes del Tribunal de Honor vinculados con el caso, la presunta víctima o el quejado, deberán inhibirse de participar", indicó.
Matos, quien se convierte en el primer defensor de la UNFV, espera que los procesos se vayan perfeccionando a medida que se comiencen a atender casos.
"Hay que construir un nuevo lenguaje, nuevas formas de relacionarse entre hombres y mujeres. Es preocupante que se trate de culpar a la víctima por su forma de vestir o de actuar", indicó el funcionario.
En ese sentido, destacó que ya se coordinó con el rector para que el reglamento sea anexado a las guías estudiantiles que todos los alumnos reciben cada año al matricularse.
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Publicado: 27/1/2019