En los primeros tres trimestres del 2020, el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha atendido 1,334 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en La Libertad, situación que genera preocupación a la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, se informó.
Precisamente dicha institución exhortó a la Policía Nacional, al Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a los juzgados de familia, la
inmediata implementación de acciones preventivas para la debida protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante los hechos de violencia ocurridos dentro de sus hogares en tiempos de covid-19.
Existen dos informes realizados por la
Defensoría del Pueblo (N° 007-2020-DP y N° 021-2020-DP) donde ya se habían advertido
dificultades en la atención de los casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes durante el estado de emergencia.
Uno de los principales problemas advertidos fue que la Policía Nacional no informa oportunamente los casos a la Defensa Pública o al Centro Emergencia Mujer correspondiente, para el apoyo legal a las víctimas. Asimismo, demora en remitir los actuados al Juzgado de Familia correspondiente y, en el Poder Judicial se registran retrasos para emitir las medidas de protección en favor de la víctima.
Frente a ello, la oficina defensorial requirió a la Policía Nacional garantizar que las comisarías cumplan con su obligación de remitir inmediatamente la denuncia al Juzgado de Familia, para que dicten las medidas de protección pertinentes, bajo responsabilidad funcional.
Por otro lado, se instó al Poder Judicial garantizar que los juzgados de familia, o los que tengan competencia, cumplan con dictar las medidas de protección correspondientes en el plazo de 24 horas desde que toman conocimiento del caso.
Respecto, al Ministerio Público se requirió a que las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar prioricen las medidas más efectivas para la protección de la víctima, en casos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuyos agresores/as sean personas cercanas a su entorno familiar o comunal.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad seguirá vigilante al cumplimiento de las obligaciones de las autoridades competentes, que deben brindar protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de violencia, y reforzar las medidas de atención durante el estado de emergencia.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad instalará hoy 30 de septiembre una mesa de trabajo sobre la violencia contra la mujer, y para tal fin se ha convocado a todos los operadores de justicia de la región.