La Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables, fue cuestionada bajo el argumento de ser meramente punitiva y no tener sustento técnico, por lo que tendría efectos contraproducentes en la lucha contra la criminalidad.
Así lo sostuvo María Consuelo Barletta Villarán, catedrática de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al abordar el tema: "Principios rectores y evaluación de riesgo en adolescentes en conflicto con la ley penal-mecanismos restaurativos".
Su intervención fue en el I Encuentro Nacional de Equipos Multidisciplinarios: Reflexiones y Desafíos frente a las Nuevas Perspectivas en la Especialidad de Familia, que fue inaugurado el pasado 17 de junio, en Arequipa, por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
Barletta Villarán señaló que existe una gran limitante producto de la ley promulgada, lo cual significa un gran retroceso y ello demuestra el desinterés que tiene el Estado en esta temática.
“Predomina esa imagen de que los adolescentes son sujetos peligrosos y enemigos de la sociedad, por lo que esta ley agrandará el problema, definitivamente”, aseveró la especialista.
Cabe remarcar que Tello Gilardi señaló que el Poder Judicial presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, sumándose a las presentadas por otras entidades ante el Tribunal Constitucional, al considerarla contraria a los tratados internacionales.
Código
Por otro lado, Barletta Villarán señaló que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes constituía un avance importante para instalar un sistema procesal penal acusatorio garantista, pero que la Ley 32330 modificó esta normativa especializada, pese a no estar integralmente en vigencia.
Resaltó que el referido código incorpora la Criminología del Desarrollo, que plantea el conocimiento de los factores de riesgo, para orientar, con gran contribución de los equipos técnicos multidisciplinarios, intervenciones en adolescentes y favorecer a su desistimiento en la comisión de ilícitos.
“El camino estaba trazado, íbamos bien para responder de manera especializada y científica a que el adolescente no continúe en una trayectoria delincuencial”, refirió.
La especialista recalcó, además, que la Ley 32330 no respeta la mínima intervención del derecho penal juvenil desde el momento en que el juez penal de adultos valorará aplicar penas entre 20 años hasta cadena perpetua, sin considerar el principio de proporcionalidad ni las circunstancias sociales que conducen a la infracción.
“Hay casos de adolescentes privados de libertad con tratamiento prolongado intensivo, pero con diagnósticos de fiabilidad científica y no porque se le ocurre al Congreso determinarlo de manera punitiva, que tiene un efecto contrario a lo esperado”, recalcó.
De ese modo, la jurista expresó que las acciones de inconstitucionalidad que se están presentando deberían ayudar a dar marcha atrás la Ley 32330 y, de esa manera, propiciar a dictar medidas en favor de una intervención técnica, especializada y humana para los adolescentes infractores de la ley.
Encuentro nacional
Debe destacarse que en el I Encuentro Nacional de Equipos Multidisciplinarios: Reflexiones y Desafíos frente a las Nuevas Perspectivas en la Especialidad de Familia disertaron también ponentes internacionales, a fin de promover un espacio de actualización, diálogo de fortalezas, debilidades en la administración de justicia en materia de familia.
Asistieron al certamen profesionales de diferentes disciplinas y administradores de los juzgados de familia de las 34 cortes que conforman el Programa Presupuestal 0067: Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (PPR Familia).
En la primera jornada del evento, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Familia de Barcelona, España, María del Remei Verges Cortit, disertó sobre “Aproximaciones a los estándares internacionales relacionados al Derecho de Familia”.
La jueza española apostó por las ventajas de la mediación: método útil para desatascar sistemas judiciales muy colapsados, es un recurso más económico que la vía judicial, permite la participación activa de las partes que se responsabilizan del acuerdo y existe mejor cumplimiento del mismo.
En tanto que la ponencia “El interés superior del niño frente a las nuevas vulnerabilidades familiares” estuvo a cargo del catedrático de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza (España) Isaac José Tena Piazuelo.
Tena Piazuelo indicó que, ante diversas vulnerabilidades, como el uso de redes sociales, debe primar, sobre otros, el principio de interés superior del niño intereses como la prestación alimenticia “que tiene ver con la propia supervivencia y es cuestión de derechos humanos fundamentales”.
A su vez, el magistrado del 2.° Juzgado de Familia de la Corte de Arequipa, ponente Reynaldo Mario Tantaleán Odar, sustentó “Innovaciones y actualizaciones normativas en Derecho de Familia y la intervención del equipo multidisciplinario”.
Amparo Quintana García, mediadora, abogada colaborativa y docente de la Universidad Complutense de Madrid-España, trató “La entrevista inicial de mediación familiar y su trascendencia en los procesos intrajudiciales”.
(FIN) NDP/JCC
GRM
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Publicado: 21/6/2025