El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró hoy ante el Congreso que la seguridad no puede ser un arma política ni estrategia de desinformación, y pidió a todas las instituciones ponerse al frente de la lucha por el bienestar de los peruanos.
Sostuvo que hay una campaña de desprestigio con una narrativa de inseguridad extrema, exacerbando el miedo en la población e invisibilizando la gestión articulada que se realiza con el Congreso, empresariado, alcaldes, gobernadores regionales y la sociedad organizada.
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Tampoco es admisible que en un mes la fiscalía realice dos allanamientos en mi oficina y mi hogar, en una muestra arbitraria del uso del sistema judicial; mientras el allanamiento solicitado por la Policía para atrapar criminales demora meses en ser respondido”, sostuvo.
Santiváñez inició su presentación señalando que es plenamente consciente de la frustración e indignación que siente la población por la inseguridad que se agravó por la inacción de las gestiones pasadas, y que tiene en la extorsión a su mayor expresión.
Dijo, sin embargo, que
durante su gestión se han sentado las bases para enfrentar a la criminalidad fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Nacional con una inversión de 580 millones de soles, mejorando mecanismos de defensa legal para los efectivos policiales y con una estrategia para enfrentar las extorsiones.
Estrategia contra las extorsiones
En ese marco, el ministro del Interior explicó que esta estrategia plantea cortar la comunicación entre extorsionadores y víctimas, para lo cual se identificaron las líneas que se usan para extorsionar, las mismas que serán bloqueadas, se mejorará la geolocalización de las llamadas extorsivas y se crearán las unidades de alta tecnología en las regiones.
Anunció, además, que se asignarán más recursos para operaciones encubiertas, necesarias para desarticular organizaciones criminales, y que agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas se sumarán a las labores de inteligencia de la Policía.
En Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de delitos, sostuvo que se cuenta con una estrategia diferenciada, con enfoque territorial, mayor presencia policial y acciones de alto impacto.
“Se diseñó una estrategia de control rápida y sorpresiva contra las mafias que han tomado espacios públicos y se ha dispuesto la reasignación de oficiales de la Región Lima, incluso de los que están realizando estudios; todos estarán en las calles”, afirmó.
También informó que el Ejecutivo propuso crear la figura del terrorismo urbano, sancionado con cadena perpetua, el incremento de penas para el delito de sicariato, extorsión y secuestro, y la pena efectiva para el delito de receptación.
Resultados de operaciones
En cuanto a los resultados de las acciones policiales, el ministro del Interior dijo que, del 1 de enero del 2025 al 16 de marzo del 2025, la Policía detuvo a 91,907 personas, de las cuales 63,264 son peruanos, 12,413 son extranjeros y 16,230 cuentan con requisitoria con mandato judicial.
Asimismo, hasta el 19 de marzo se efectuaron 229,080 operativos a escala nacional, se desarticularon 23 organizaciones criminales y 2,771 bandas criminales, y se incautaron 2,035 armas y más de 100 millones de soles.
“El 92 % de detenidos ha sido liberado y no por la policía. Solo en Lima, de todos los detenidos 338 criminales con demostrada participación en 167 bandas criminales han sido liberados por la fiscalía”, refirió.
Por último dijo que el país necesita que todas instituciones trabajen juntas para combatir a la criminalidad, que no solo puede ser enfrentada con acciones de la Policía.
“Hacemos un llamado, convocamos al Poder Judicial, al Congreso, a una nueva fiscalía, a que nos sentemos y tracemos una estrategia; se hace un llamado sin cálculo político, sin agendas ocultas ni revanchismos. Insto a la posibilidad de seguir trabajando juntos y poder lograr la pacificación que la ciudadanía tanto requiere”, afirmó.