La Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició hoy la décima sesión del juicio oral contra el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones, la expremier Betssy Chávez Chino y otros acusados por delito de rebelión.
Para esta sesión, se contará con las declaraciones de dos nuevos testigos.
La sesión comenzó con el interrogatorio al ex comandante General de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, quien fue citado en su calidad de testigo. Alfaro confirmó este jueves que el exmandatario Pedro Castillo le ordenó por teléfono cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación durante el intento de cerrar el Congreso y reorganizar los poderes del estado el 7 de diciembre de 2022.
Precisó, también, que Castillo pidió que se incrementara la seguridad a sus familiares y a altas autoridades de su gobierno, como la primera ministra Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien era asesor del expresidente en aquella fecha.
Asimismo, se citó a Cintya Malpartida, periodista de TV Perú enviada a Palacio de Gobierno para la transmisión del mensaje a la nación del expresidente el 7 de diciembre del mencionado año. Luego de un receso de 10 minutos, el Poder Judicial continuará la sesión con el interrogatorio hacia la testigo.
Asimismo, el
martes 25 de marzo, se interrogó al jefe de la Oficina General de la Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, Richard García Sabroso, al excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Alfonso Javier Artadi Saletti y el exgeneral de la PNP, Jorge Angulo, entre otros.
La audiencia se desarrolla en la sala de audiencias del complejo policial Dinoes, ubicada junto al penal de Barbadillo, donde el exmandatario cumple prisión preventiva.
La acusación fiscal
El
Ministerio Público ha solicitado contra Castillo Terrones una
pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
Se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión, por el intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje en televisión nacional que disponía disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones.
(FIN) OPG/CVC
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Publicado: 27/3/2025