Una iniciativa presentada por el congresista y titular del Legislativo Eduardo Salhuana (APP) propone declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) y dispone medidas que aseguren su efectividad en la lucha contra la criminalidad.
En tal sentido, el proyecto de ley declara el estado de emergencia en la institución policial por un plazo de 120 días, encargando al Poder Ejecutivo que realice las gestiones que correspondan a fin de dotarla de equipamiento, servicios y otros recursos prioritarios.
Asimismo, para que disponga lo necesario en pos del mejoramiento de su infraestructura o culminación de obras, que le permitan luchar contra la criminalidad en el ámbito nacional.
Además, se crea la comisión ad hoc, con la finalidad de darle seguimiento y supervisión de las contrataciones directas ejecutadas durante el periodo de emergencia.
Este grupo supervisor estará presidido por un representante del Ministerio del Interior e integrado por designados de los sectores de Economía y Finanzas, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
De igual modo dispone que esta comisión ad hoc podrá contar con la colaboración y participación, en calidad de veedor, de un representante de la Contraloría General de la República.
La iniciativa agrega que, culminado el periodo de emergencia, esta comisión informará al Congreso sobre las inversiones, bienes o servicios contratados o ejecutados a favor de la Policía Nacional.
Por último, también
se autoriza el uso de recursos del canon y sobrecanon en los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad; y se modifica el
artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado para disponer el procedimiento de contrataciones directas ante una situación de emergencia.
Pl 1018920250212 by Juanca Cruzado
Denuncia ciudadana
Por otro lado, el congresista Paul Gutiérrez (BM) presentó una iniciativa legislativa que fortalece la denuncia ciudadana y protege la identidad de los informantes en casos de crimen organizado.
Dicha propuesta establece un régimen integral que incentive la denuncia ciudadana contra personas que comercialicen o tengan en posesión armas de fuego o explosivos, y lleven a cabo actividades vinculadas a organizaciones criminales.
"Se busca fortalecer recompensas económicas y la exención de pena privativa de libertad para los ciudadanos informantes o colaboradores que fueron o son parte de una organización criminal y que no hayan cometido delitos graves", refiere.
(FIN) JCC
GRM
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Publicado: 12/2/2025