Andina

Ica: intervienen boticas que vendían medicinas adquiridas por el Ministerio de Salud

Productos mal almacenados en establecimientos privados ponían en riesgo la salud pública

Inspectores de la Dirección regional General de Medicamentos de Ica, con apoyo de la Digemid, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía de Seguridad del Estado, intervinieron hoy boticas ubicadas en las inmediaciones del Hospital Regional de Ica, tras recibir denuncias que se vendían productos adquiridos en licitaciones públicas.

Inspectores de la Dirección regional General de Medicamentos de Ica, con apoyo de la Digemid, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía de Seguridad del Estado, intervinieron hoy boticas ubicadas en las inmediaciones del Hospital Regional de Ica, tras recibir denuncias que se vendían productos adquiridos en licitaciones públicas.

19:00 | Ica, set. 14.

Inspectores de la Dirección regional General de Medicamentos de Ica, con apoyo de la Digemid, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía de Seguridad del Estado, intervinieron hoy boticas ubicadas en las inmediaciones del Hospital Regional de Ica, tras recibir denuncias que se vendían productos adquiridos en licitaciones públicas.

Luego de realizar una compra simulada, se intervino la botica “Corazón de Jesús”, ubicada al frente del servicio de Emergencia del Hospital Regional, donde se constató que vendían ampollas antitrombóticas empleadas para los pacientes con derrame cerebral, de venta prohibida por ser para el uso de los hospitales públicos.

También se intervino la botica Rochi, donde encontraron productos en mal estado de conservación y sin registro sanitario. En la botica Virgen de Chapi no dejaron ingresar a los inspectores, siendo dicho establecimiento reincidente y con un proceso penal por la comercialización ilegal de medicamentos.


Los inspectores de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid) advirtieron a la población a no comprar productos en cuyos rótulos se consigna “prohibida su venta” por ser de propiedad del Estado, pues al ser sustraídos ilegalmente, sus condiciones de almacenamiento pueden poner en riesgo la salud de las personas.

“No tienen la garantía de calidad, se desconoce en qué condiciones han sido almacenados y si fueron expuestos a temperaturas o contaminación pueden haberse alterado sus principios activos y por tanto su efectividad”, destacaron.

Luego de la intervención se realizará la denuncia penal correspondiente por el presunto delito contra la salud pública, cuya sanción es de cuatro a ocho años, anunciaron los inspectores de la Digemid.

(FIN) NDP/LZD

También en Andina:



Publicado: 14/9/2017