La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy, en segunda votación, la ley que propone precisar la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Previamente, la presidenta de la citada comisión, Martha Moyano (FP), sostuvo que la norma no pretende ser una amnistía y tampoco implica desconocimiento de compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos.
“El único efecto es aclarar que las normas, especialmente las penales, no se aplican retroactivamente, porque una aplicación retroactiva lesiona el debido proceso y derecho de defensa de los procesados”, expresó la parlamentaria.
Indicó también que la aprobación de este dictamen no sustrae al Perú del cumplimiento de las obligaciones internacionales y su finalidad "es que los operadores jurídicos fundamenten sus decisiones en la correcta aplicación de las normas internacionales, de conformidad con los preceptos constitucionales y respetando derechos de las partes procesales".
Durante el debate, la congresista Isabel Cortez (CD- JP) expresó su posición en contra de la propuesta de ley señalando que se trata de una norma “con nombre y apellido”, y pidió que se prioricen proyectos de ley que beneficien a la población y la clase trabajadora.
Denuncias constitucionales
Previamente, la Comisión Permanente admitió a trámite la denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres (APP) por la presunta comisión del delito de concusión, y se aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe respectivo.
Asimismo, se acordó acumularla con las denuncias constitucionales 361 y 370, las cuales todavía se encuentran en la fase de investigación.
De otro lado, el órgano parlamentario dispuso otorgar el mismo plazo a la Subcomisión que preside la parlamentaria Lady Camones (APP) para presentar su informe respecto a la denuncia constitucional contra el exministro del Interior Alfonso Chávarry por la presunta comisión del delito de nombramiento indebido para cargo público.
La Comisión Permanente aprobó también otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones para presentar su informe respecto a la denuncia constitucional 469, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez supremo, como presunto instigador del delito contra la administración pública.
También, con 23 votos a favor, acordó concederle el mismo plazo para que realice las investigaciones y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional 352, también contra Salas Arenas.
(FIN) MCA/FGM
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Publicado: 4/7/2024