Indecopi viene realizando un trabajo multisectorial para dar una solución definitiva a la problemática de las llamadas reiterativas, que generan reclamos de parte de los consumidores, además de asegurar el buen tratamiento de los datos personales, informó el ejecutivo de la Dirección de Protección del Consumidor, Josué Sandoval.
“El objetivo es formular una propuesta de normativa que se eleve al Congreso o al Ejecutivo, lo que resulte más viable, o de lo contrario promover medidas de autorregulación en las empresas. Para ello se necesita una evaluación integral del mercado”, declaró a la Agencia Andina.
Adelantó que la propuesta estaría lista a finales de este año pues faltan celebrarse reuniones ya agendadas para diciembre. “Luego se someterá a consideración del Legislativo o el Ejecutivo, lo que sería en enero del próximo año”.
Explicó que este trabajo se realiza con un enfoque multisectorial debido a que la problemática de las llamadas reiterativas no solo involucran la protección al consumidor sino también el tema del tratamiento de los datos personales.
“Ello implica la participación de la autoridad de datos personales y de otras instituciones que se encargan de velar por el adecuado uso de la red telefónica y de las telecomunicaciones”, aseveró.
De este modo, buscan emitir un producto final que pueda viabilizar y evitar que esta problemática continúe de una manera efectiva y sostenida.
En tal sentido, agregó que contar con la participación de los gremios empresariales será de gran utilidad para evitar que estas malas prácticas comerciales continúen.
Centro de monitoreo
Sandoval refiere que Indecopi cuenta con un Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (Cemi) encargado de recibir los reportes de los consumidores que bien pueden ser reclamos por las llamadas reiteradas o inconformidad respecto del servicio ofrecido.
Refirió que desde el 2020, año en que se implementó el centro de monitoreo, se han recibido más de 15,000 reportes vinculados específicamente con el tema de las comunicaciones reiterativas de las empresas.
Adicionalmente, en junio de este año hicieron una encuesta virtual a más de 10,000 personas sobre este tema buscando establecer los niveles de insatisfacción de la ciudadanía respecto ese problema.
“Con ello se determinó que los niveles de insatisfacción son bastante altos en casi el 80%, por factores como el número de llamadas recibidas, así como quejas por el servicio entregado”, comentó.
Setiembre-noviembre
Entre setiembre y noviembre de este año, el Cemi ha identificado 1,309 reportes y consultas sobre llamadas sin consentimiento, siendo setiembre el segundo mes con más reportes por esta conducta, después de agosto.
Entre los sectores que reportan estos problemas se ha encontrado que el financiero y de seguros es el sector con más reportes en los últimos tres meses con el 51.09% (680) de los registros, seguido de comercio e industria (614; 46.9%) y educación (15; 1.1%)
De los 1,309 reportes y consultas sobre llamadas sin consentimiento se identificó que el proveedor más reportado es Telefónica del Perú (201; 15.36%), seguido de América Móvil Perú (186; 14.21%) y Scotiabank (140; 10.70%).
En campaña
Sandoval comentó que este tipo de prácticas empresariales se incrementa en estas fechas porque tratan de ofrecer sus productos con mayor intensidad.
“Lo que buscamos es que estas prácticas comerciales no menoscaben la voluntad del consumidor. Es decir, que nos los induzcan a comprar a través de mecanismos de acoso o de coacción con una influencia indebida para adquirir algo que en circunstancias normales no se adquiriría”, mencionó.
En este caso, informó que la Dirección de Fiscalización está investigando hechos denunciados por los consumidores.
Adicionalmente, comentó que se han impuesto sanciones a empresas por ese tipo de prácticas.
“De hecho, se han impuesto desde años pasados porque las llamadas reiterativas se efectuaron sin el consentimiento del consumidor. Hay que recordar las sanciones esas prácticas indebidas pueden llegar a las 450 UIT”, dijo.
Refirió que en función de los hechos se ha llegado a aplicar sanciones de hasta 50 UIT para el caso de empresas de telefonía.
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(FIN) SDD/JJN