Un total de 77 socavones y campamentos de minería ilegal fueron destruidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras un operativo desplegado en los caseríos de Coigobamba y Shiracmaca, ubicados en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.
El operativo de interdicción contra la
minería ilegal fue ejecutado con 200 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), y de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, quienes llegaron desde la madrugada del domingo a la zona, para instaurar el principio de autoridad.
Los agentes se dirigieron directamente a los socavones clandestinos detectados previamente por rastreadores satelitales. Algunos de ellos se encontraban construidos al interior de viviendas, por lo que una parte del contingente policial retiró a los pobladores de sus casas como medida de seguridad, aunque hubo un grupo que se resistió a la medida.
Especies destruidas
En el caserío de Shiracmaca, donde el pastor Oswaldo Alva Polo es agente municipal, la PNP identificó cuatro áreas de
minería ilegal en plena operación. También 79 pozas de cianuración y un total de 7 682 sacos de mineral. También se incautaron motobombas, motores y geomembranas.
En tanto, en el bosque Polo, la PNP identificó 25 socavones en las faldas del cerro y la ruta por donde se transporta el mineral robado. Se decomisaron 3 500 sacos de mineral en bruto y cinco generadores.
Antecedentes
Como se recuerda, en noviembre del 2024, ocho efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron atacados por los mineros ilegales en el bosque Polo. Estos sujetos, además de herir gravemente a oficiales y suboficiales, quemaron el vehículo policial de placa EPF-733.
Esta emboscada fue el inicio de varios operativos de inteligencia que determinaron, luego de una evaluación donde participaron altos mandos policiales, realizar una interdicción en el caserío de Coigobamba.
Durante más de 20 años, las bandas de mineros ilegales han operado en el bosque sin que haya, al parecer, alguna denuncia. Los propietarios alegan que no se puede controlar la minería ilegal por lo extenso y agreste del terreno.