La presidencia de la Mesa de Trabajo y la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial instó hoy al Congreso de la República a que extienda y el proceso de diálogo y debate de la propuesta legislativa que reforma el proceso de extinción de dominio.
"(...) Solicitamos a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República que se extienda el proceso de diálogo y debate, con el fin de ordenar, ajustar y enriquecer la propuesta legislativa. Es crucial que cualquier reforma a la extinción de dominio se realice de manera rigurosa y detallada, con el objetivo de fortalecer este mecanismo y garantizar que cumpla su propósito fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sin generar retrocesos en su efectividad", precisa.
En ese sentido, expresan su "profunda preocupación y rechazo a la aprobación en primera votación" de la modificación propuesta que introduce cambios en el régimen jurídico de la extinción de dominio.
"Si bien comprendemos y valoramos la intención de mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos, consideramos que las reformas planteadas dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria para garantizar el fortalecimiento de este mecanismo crucial en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras actividades ilícitas", asegura.
Por ello, precisa que el sistema de extinción de dominio fue establecido para cumplir tratados internacionales, como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las 40 Recomendaciones del GAFI que han sido reconocidas por el Perú como reglas obligatorias
"(...) Que establecen la necesidad de contar con sistemas autónomos y especializados para afrontar eficazmente la corrupción y la criminalidad en todas sus formas, no desde el ámbito del derecho penal como se pretende, sino desde el enfoque de la recuperación de las finanzas ilícitas y el restablecimiento de un mercado justo y limpio; en las que no es necesaria la condena penal previa para que pueda extinguirse el dominio, que no es propiedad sino una apariencia real sin respaldo legal o constitucional alguno", agrega.
Asimismo, refiere que la extinción de dominio es un instrumento clave en la política criminal del Estado peruano, pues permite recuperar bienes y activos adquiridos, producto de actividades ilegales, a través de la aplicación de un debido proceso que garantiza la protección de los derechos fundamentales.
"Este mecanismo es necesario para frenar la impunidad, debilitar las estructuras del crimen organizado y la corrupción, al afectar directamente los beneficios económicos originados en actividades criminales. Modificar esta herramienta sin un riguroso análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean efectivamente recuperados y devueltos a la sociedad", añade.
(FIN) JCC
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Publicado: 14/12/2024