"La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica", indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado tras la firma del decreto por parte del mandatario.
El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales, y que fueron declaradas como "zonas de seguridad".
También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como "zonas de seguridad".
Semaforización
La extensión de la medida la aplicación de un sistema de "semaforización" para el toque de queda nocturno, dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia.
El documento aplicó además las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen en el que declaró como constitucional la declaración de este estado de excepción.
Asimismo, en el decreto se recordó que los servidores públicos "serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción", después de que hayan surgido varias denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Detenciones e incautaciones
Durante los primeros sesenta días del estado de excepción se han abatido a una docena de presuntos delincuentes catalogados como "terroristas" por el Gobierno, mientras que tres policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas.
También se han practicado más de 11,000 detenciones y se han incautado más de 64 toneladas de drogas, así como más de 3300 armas de fuego, cerca de 4500 armas blancas y más de 24,000 explosivos.
El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días, ante una serie atentados y acciones violentas de las bandas criminales, que se acrecentaron al día siguiente con la toma de un canal TC Televisión por parte de un grupo armado durante una emisión en directo.
Al mismo tiempo se sucedieron una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron secuestrados durante cerca de una semana.
La fuga de Fito
Días antes se había fugado el narcotraficante José Adolfo Macías Salazar (Fito), líder de Los Choneros, considerada una de las bandas más peligrosas del país, con presuntos nexos con carteles mexicanos.
Estos episodios se sucedieron cuando el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de "mano dura" para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.