La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial continúa el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado por la presunta comisión del delito de rebelión.
La audiencia se inició sin la presencia de Castillo Terrones, quien se encuentra convaleciente, luego se sufrir una descompensación en el penal Barbadillo.
Según un informe médico practicado a Castillo a solicitud de la fiscalía, la salud del expresidente es estable, con el padecimiento de una gastritis aguda; además, se informó que levantó su huelga de hambre, iniciada el pasado 10 de marzo, y recibe dieta blanda.
En la audiencia del jueves 13 de marzo, Castillo no estuvo presente debido a que fue llevado al hospital tras sufrir una descompensación a causa de la huelga de hambre que venía realizando. Sin embargo, el entonces jefe del Estado Mayor de la PNP Vicente Álvarez sí estuvo en el juicio oral para brindar testimonio y reveló la que habría sido la conversación entre Castillo y el comandante general Raúl Alfaro.
Vicente Álvarez confirmó que el expresidente habría solicitado el cierre del Congreso y la detención de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides.
"¿Que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la Nación?, pero, ¿cuál es la causa? Que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betssy Chávez y al señor Anibal Torres, eso es lo que él repetía (Pedro Castillo)", declaró Álvarez.
Precisó, seguidamente, que Alfaro le comunicó a Castillo que él se encontraba con descanso médico y quien estaba en su reemplazo era el teniente general PNP Vicente Álvarez.
Tras terminar la comunicación entre Alfaro y Castillo es que se le comunican a Álvarez las disposiciones del presidente de ese entonces. La respuesta de Álvarez Moreno fue: "No vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución; y en ese momento le digo que me estoy yendo al Comando Conjunto".
El juicio oral
Junto a Castillo Terrones también se procesa en calidad de coautores del delito de rebelión a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez; al exministro del Interior Willy Huerta Olivas; así como a los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).
El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles, que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
Se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión, por el intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje en televisión nacional que disponía disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y las declaraciones de más de 69 testigos; así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.
También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados; así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.
(FIN) CVC
GRM
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Publicado: 14/3/2025