La fiscal superior Katharine Borrero Soto, coordinadora nacional de las Fiscalías Penales, planteó fortalecer el trabajo interinstitucional para garantizar la seguridad ciudadana, y la asignación de mayor presupuesto para el funcionamiento de las Unidades de Flagrancia Delictiva que se viene implementado progresivamente en el país, así como la realización de operativos permanentes en los establecimientos penitenciarios y la optimización del marco legal.
Esto durante su participación en la III Audiencia Pública Descentralizada “Hacia una reforma integral penitenciaria y la implementación de Unidades de Flagrancia en el Perú”, organizada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República y realizada en la sede de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa.
Durante su intervención, la fiscal superior indicó que la atención al ciudadano debe efectuarse en espacios accesibles y con celeridad, para lo cual se requiere un presupuesto que garantice contar con la infraestructura y el personal adecuados. Consideró que en un mismo espacio se debe contar con Unidad Médico Legal, sala de acogida, cámara Gesell y peritos de la División de Criminalística.
“Esto significa replantear que se nos otorgue a todas las instituciones el presupuesto que se requiere en la dimensión de las necesidades. Existe voluntad, pero necesitamos que el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas sean conscientes de las necesidades”, afirmó.
La representante del Ministerio Público también expresó la necesidad de comprometer a los gobiernos regionales, las municipalidades y la Policía Nacional, para trabajar en conjunto a favor la seguridad ciudadana, por ejemplo, a través de la coordinaciones para visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, y la actualización de los protocolos de intervención con la participación efectiva de todos los actores de justicia.
En tal sentido, se requiere realizar operativos permanentes en los establecimientos penitenciarios para evitar el ingreso de celulares, mejorar la elaboración de las actas de detenciones policiales, y contar con la presencia física de los defensores públicos en las diligencias.
En la audiencia pública también participaron el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, y representantes del Poder Judicial, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Colegio de Abogados de Arequipa y la sociedad civil.
(FIN) NDP/JCR
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Publicado: 1/4/2025