La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que preside la legisladora María Acuña Peralta (APP), dio cuenta del ingreso de diversas denuncias constitucionales.
Entre estas se encuentra la denuncia 496 presentada por el ciudadano Rudecindo Vega Carreazo, contra la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra y contra la exministra Hania Pérez De Cuellar, por la presunta infracción a la Constitución Política y presunta comisión del abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal.
Asimismo, las denuncias constitucionales nro. 511 y nro. 514 presentadas por el fiscal de la nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra el legislador Edgar Tello Montes (PP) y el congresista José Alberto Arriola Tueros (PP), respectivamente. Ambas por la presunta comisión del delito de concusión.
También la DC 501 formulada por la ciudadana Clara Solís Vásquez contra el exministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea y contra el ministro de Cultura, de quién no precisó el nombre, por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación e incitación a la discriminación.
“La subcomisión cuenta con el plazo máximo de 10 días hábiles para la calificación de las presentes denuncias”, informó la presidenta de la subcomisión, María Acuña.
Denuncias constitucionales improcedentes
En otro momento, la subcomisión declaró improcedentes denuncias constitucionales contra exmagistrados y magistrados en actividad, por diversas consideraciones técnicas y legales.
En efecto, en forma unánime, los integrantes aprobaron las propuestas de informes de calificación, elaboradas por la secretaría técnica de la subcomisión.
En esa línea fue aprobado el informe de calificación de la Denuncia Constitucional (DC) 250 formulada por la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, en contra de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos y Guido Águila Grados; que plantea declarar su improcedencia habida cuenta de que ya no gozan de la prerrogativa del antejuicio.
Igual suerte tuvo la DC 433 formulada por el ciudadano Eliseo Condori Coaquira contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, María Amabilia Zavala Valladares, Imelda Julia Tumialán Pinto, Humberto De La Haza Barrantes y Guillermo Thornberry Villarán, por la presunta comisión del delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el Código Penal.
Seguidamente, por no cumplir con requisitos que establece el artículo 89 del Reglamento del Congreso, siguió ese mismo destino la DC 435 del ciudadano Luis Alberto Carrasco García, contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, por la presunta infracción de la Constitución Política del Perú y la posible comisión del delito de Tráfico de Influencias, tipificado en el Código Penal.
Delegaciones
Durante la sesión, también se aprobó la delegatura de varias denuncias a miembros de la subcomisión para su estudio respectivo. La DC 103 contra la exministra de Economía y Finanzas, María Alva Luperdi fue encargada a la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros (APP).
El documento fue presentado por el excongresista Posemoscrowte Chagua Payano por la presunta comisión del delito de negociación Incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La DC 106 se encargó al congresista Héctor Ventura Ángel (FP). Es formulada por el ciudadano Jorge Eduardo Lazarte Molina (Asociación Civil por la Integridad), contra el expresidente de la república, José Pedro Castillo Terrones y funcionarios de su gestión por supuesta infracción a la Constitución.
Además, el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) será delegado de la denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y ministros de su gabinete por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y nombramiento o aceptación ilegal, entre otras.
(FIN) NDP/JCR
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Publicado: 23/9/2024