La reforma electoral es una deuda pendiente con el país y, por tanto, será uno de los temas prioritarios que abordará la Comisión de Constitución en la nueva legislatura, afirmó la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien presidirá ese grupo de trabajo.
En dicha comisión corresponde debatir el proyecto de ley de reforma electoral planteado por el Poder Ejecutivo, y las propuestas entregadas por el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Asociación Civil Transparencia, y el trabajo de una comisión especial del Parlamento.
“Básicamente, veremos la reforma electoral. Creo que esa es una deuda que los políticos tenemos con el país y hay que trabajarla a conciencia. Tenemos un informe del grupo de trabajo que será el insumo necesario para establecer los temas”, declaró a la Agencia Andina.
Asimismo, la comisión analizará reformas de carácter político, como la reelección de autoridades subnacionales, el retorno a la bicameralidad, además de las iniciativas para promover la autonomía y la independencia de los procuradores públicos (procuraduría autónoma), mencionó.
En ese sentido, la legisladora fujimorista sostuvo que el grupo de trabajo que presidirá dejará de lado los temas de coyuntura para dedicarse a tratar “los asuntos de fondo”, con discusiones técnicas, aportes y el análisis especializado del consejo consultivo de la comisión.
“Queremos hacer un trabajo lo más especializado posible. Lo único que hemos aprobado (bajo la presidencia del congresista Miguel Torres) es el cronograma electoral. Nos faltan temas de fondo, como financiamiento, cuotas, participación, voto universal versus preferencial, entre otros”, anotó.
En opinión de Úrsula Letona, estos temas continúan “en el tintero” y merecen ser zanjados, al menos los más importantes, antes de las elecciones municipales y regionales del año 2018.
La parlamentaria consideró importante que las reformas sean analizadas “sin miedo” y, en tal sentido, abogó por que la discusión esté ajena a los aspectos coyunturales y libre de apasionamientos políticos.
“En Fuerza Popular tenemos la convicción de que podemos avanzar con la reforma y poder aprobarla en este periodo legislativo”, subrayó.
Entre las propuestas destacan el retorno a la bicameralidad -para reinstaurar el sistema de senadores y diputados-, así como la eliminación del voto preferencial y el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos.
La propuesta del Ejecutivo comprende los siguientes aspectos de reforma electoral:
Bicameralidad
La iniciativa del Ejecutivo plantea que una Cámara de Diputados integrada por 100 miembros elegidos por regiones con los mismos requisitos de la actual ley electoral; y un Senado de 30 miembros, con una edad mínima de 45 años, elegidos en distrito único o lista única nacional.
Sobre este punto, Letona dijo creer en la bicameralidad como una opción a analizar, sin embargo, se mostró partidaria de darle al sistema unicameral la oportunidad de mostrarse plenamente.
“No se ha podido medir adecuadamente qué ajustes hacerle a la unicameralidad. Entonces, yo preferiría tener una etapa de evaluación, ver si se pueden hacer los ajustes y, en paralelo, plantear la otra discusión, que tiene voces a favor y en contra”, manifestó.
Voto preferencial
El proyecto plantea la eliminación del voto preferencial, sistema que permite al votante elegir al candidato de su preferencia dentro de una lista congresal.
Para la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, este voto es “la madre de todos los problemas” porque convierte al dinero -con la compra de números en las listas partidarias- en el actor principal de las campañas electorales.
También se propone la obligatoriedad de las elecciones primarias en todos los partidos políticos, y exige que los candidatos incluyan en sus hojas de vida información sobre ingresos, impuestos, acciones, sociedades y procesos abiertos.
Aportes económicos
El documento prohíbe los aportes de gobiernos extranjeros y de personas jurídicas con menos de tres años domiciliados en el país o condenados por delitos graves, y en caso de incumplimiento se contempla su retiro de la contienda electoral, la suspensión o la cancelación del partido.
Propone, además, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fiscalizar el eventual ingreso de dinero ilegal en las campañas, y que los partidos políticos estén obligados a reportar las operaciones sospechosas.
Secreto bancario
La propuesta, asimismo, busca que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda al secreto bancario, tributario y bursátil de los candidatos, y que esa autorización se mantenga hasta que gane en las elecciones internas y participe en los comicios generales.
Si el candidato resulta elegido, la autorización regirá hasta por dos años luego de haber culminado su mandato, según la propuesta legislativa.
Candidatos
El planteamiento exige que los candidatos incluyan en sus hojas de vida información sobre ingresos, impuestos, acciones, sociedades y procesos abiertos, a fin de conocer sus patrimonios o intereses que pudieron haber defendido antes.
Además, contempla impedir la candidatura de personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, violación, secuestro, delitos contra la humanidad y otros.
Otras propuestas
Que la cuota de género alternada se eleve al 50%, al menos en la primera mitad de las listas electorales.
Que la vaya electoral suba a 2% por cada partido, en el caso de alianzas electorales.
Que la publicación de encuestas esté permitida hasta un día antes de la elección.
Que los partidos participen en todos los procesos electorales, en caso contrario perderán la inscripción y se podrá ordenar el retiro de sus candidatos en algún proceso electoral.
(FIN) MVF/CCR
Publicado: 6/8/2017