El abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario Manuel Merino, el extitular de la PCM Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez tiene una “legitimidad impecable”.
En entrevista con el programa Andina al Día, de Andina Canal Online, el jurista señaló que, en efecto, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, “está legitimada” para plantear ante el Congreso un recurso de esa naturaleza.
Sin embargo, Cairo dijo que, en su opinión, a los tres personajes mencionados no les corresponde afrontar una denuncia constitucional y, por consiguiente, gozar el derecho al antejuicio político, pues –afirmó– Merino “fue un presidente de facto”.
En tal sentido, la denuncia en contra suya y de esos dos exmiembros del Gabinete “tendría que ser tramitada como una denuncia relativa a cualquier ciudadano”.
Por ello, Cairo consideró que podría darse el caso de que en el Congreso se considere esta perspectiva y, finalmente, la denuncia sea archivada, quedando abierta la posibilidad de que la misma pueda plantearse a través de los canales ordinarios de la justicia.
Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez son denunciados por delitos de homicidio y lesiones contra Inti Sotelo, Bryan Pintado y 78 personas, a título de dolo eventual. Cairo explicó que este es un concepto vinculado al derecho penal que “significa que alguien dejó de hacer algo a sabiendas de que esto podía tener una consecuencia”.
Respecto a lo ocurrido en las manifestaciones políticas de noviembre del 2020 y del accionar policial que produjo las muertes y lesiones materia de la denuncia, el jurista dijo que “todo el Perú vio lo ocurrido en esa trágica semana”. Pero en todo proceso y denuncia es necesario realizar las investigaciones del caso, añadió.
Trámite a seguir
Cairo explicó que la Comisión Permanente debe admitir a trámite la denuncia de la fiscalía y derivarla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para la realización de las diligencias probatorias y convocar a los denunciados.
Luego, con base en el informe que plantee la subcomisión, la Comisión Permanente decidirá si acusa o no a los denunciados ante el pleno del Parlamento, señaló el jurista.
La eventual formación de la causa penal deberá ser aprobada por más de la mitad del número legal de congresistas habilitados, recordó. De ocurrir ello, el caso pasará a la Fiscalía de la Nación para que esta plantee la denuncia correspondiente ante la Corte Suprema.
(FIN) FGM/CVC
GRM
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Publicado: 5/10/2021