Con el objetivo de proponer nuevas medidas para contrarrestar el impacto de los desafíos medioambientales a nivel global, estudiantes y docentes de la carrera de Derecho de universidades de Perú, Chile, Colombia, Brasil y diversos países de América Latina y el Caribe, han presentado sus propuestas en la Opinión Consultiva “Emergencia Climática y Derechos Humanos” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, Andrés Dulanto, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, explica que las recomendaciones propuestas buscan ser integradas en el pronunciamiento final de la CIDH sobre la actual emergencia climática y los derechos humanos.
"En medio de la crisis ambiental, particularmente en el contexto del Fenómeno del Niño, es fundamental proponer medidas que permitan la identificación, caracterización y protección de las poblaciones vulnerables ante este y otros impactos ambientales. Es esencial que los Estados refuercen sus marcos institucionales y realicen esfuerzos de planificación para implementar acciones de adaptación, teniendo como objetivo el cuidado de grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción de la diversificación económica y el respaldo financiero", destaca.
Asimismo, el decano resalta la importancia de contar con un plan nacional de adaptación para la implementación efectiva del desafío climático. Estas representan medidas destinadas a impulsar un aumento de la resiliencia y el desarrollo sostenible hasta el año 2050. En este marco, se busca la adopción de buenas prácticas de manejo, mejoramiento y conservación en los sistemas productivos agropecuarios, acciones de gestión y resguardo de ecosistemas forestales.
En ese sentido, el vocero comenta que conforme con las obligaciones de los Estados, es importante adoptar y aplicar políticas destinadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero; así como, formular, ejecutar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático.
Por otro lado, Dulanto señala que en el escrito que presentaron se aborda la afectación del derecho a la vida y a la sobrevivencia por la emergencia climática. “La OMS estima que cada año habrá un incremento de 250,000 muertes debido a esta crisis, una cifra alarmante en el contexto actual. Sin embargo, esta problemática puede atenuarse mediante el cumplimiento de propuestas de medidas y obligaciones estatales, considerando las tres de las afectaciones más recurrentes en los países latinoamericanos, la contaminación atmosférica, los incendios forestales y el aumento del nivel del mar y ciclones tropicales”, indica.
Estas propuestas son lideradas por la Alianza de las Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe conformadas por la Clínica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur, la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Clínica Jurídica de Litigio Estructural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad de Chile.
Es importante destacar que estas iniciativas representan un trabajo colaborativo sin precedentes a nivel latinoamericano, logrado gracias a la Alianza de las Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe. Este esfuerzo ha permitido obtener un análisis exhaustivo de la actual problemática del cambio climático y ha proporcionado ideas innovadoras en el ámbito de las obligaciones estatales para gestionar los efectos de esta crisis.