La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), mediante resolución de su consejo directivo, denegó la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad San Pedro (USP), debido a que no demostró el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
Tras esta denegatoria, la USP deberá cesar sus actividades en dos años como máximo, plazo que empieza a contabilizarse a partir del próximo semestre académico. De inmediato, queda impedida de captar nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad.
La casa de estudios privada de naturaleza asociativa atiende a más de 19,000 estudiantes en su sede principal ubicada en la ciudad de Chimbote (Áncash) y cuatro filiales autorizadas en Huaura (Lima), Piura, Cajamarca y Huaraz (Áncash).
En total, cuenta con nueve locales conducentes a grado académico. Su oferta educativa está compuesta por 64 programas y el 95.9 % de ellos están destinados a la formación de pregrado.
Deficiencias encontradas
Entre las deficiencias encontradas en la USP durante su proceso de licenciamiento resaltan las siguientes:
-El 74 % de los programas evaluados no cuenta con la información mínima requerida y se identificó inconsistencias en más del 25 % de estos. Por este motivo, el alumnado no cuenta con información sobre los cursos necesarios para culminar sus estudios universitarios.
-Se evidenció que no cuenta con laboratorios y equipamiento para 30 % de los programas de pregrado, lo que afecta a más de un tercio de los estudiantes de los programas vinculados a las Ciencias de la Salud e Ingeniería. Además, no establece ni garantiza estándares de seguridad pertinentes para sus locales, laboratorios e instalaciones.
-Durante la evaluación, se evidenció que las condiciones en las que se brindaba el servicio educativo en las filiales diferían de manera notoria con respecto a las de la sede principal de la Universidad. Así, en las filiales de Cajamarca y Huaraz se encontraron laboratorios sin equipamiento y con equipamiento insuficiente.
-Menos del 20 % de los docentes con carga lectiva son a tiempo completo. A esto se suma que el 2 % del total de docentes son bachilleres y no demuestran encontrarse dentro del plazo de adecuación.
-La universidad no garantiza la disponibilidad de los servicios complementarios tanto en la sede como en las filiales. Se verificó que ninguna filial demuestra brindar los servicios psicopedagógicos, deportivos y culturales.
Asimismo, los servicios de tópico y seguridad no se ofrecen de modo permanente en ningún local conducente a grado académico.
-No acreditó contar con una política de investigación articulada con sus planes institucionales. A esto se suma que no garantiza la existencia de procedimientos consistentes e institucionalizados para la selección, adjudicación, seguimiento y monitoreo de los proyectos de investigación.
-La universidad tampoco define procedimientos de identificación y seguimiento de comportamientos antiéticos ni políticas de propiedad intelectual que protejan la integridad académica de sus proyectos.
-Se identificó falta de recursos humanos para la implementación de las líneas de investigación. Tres de cada 10 docentes declarados como investigadores no cuentan con disponibilidad para desarrollar esta actividad.
Oferta laboral
-No acredita disponer de mecanismos orientados a la mejora de la inserción laboral de sus egresados: cuatro de cada 10 programas no tuvieron ninguna oferta laboral para sus egresados y graduados en la bolsa de trabajo.
Se constató que el 42 % de los programas no tuvieron ninguna oferta laboral para sus egresados y graduados.
Además, a las obligaciones que se desprenden del reglamento de cese, la Sunedu ha visto por conveniente requerir que la universidad informe si ha ofertado o brindado programas conducentes a bachillerato, maestría, doctorado o segunda especialización adicionales a los reportados durante el procedimiento de licenciamiento.
De la misma manera, deberá reportar las acciones adoptadas para el traslado o reubicación de las y los estudiantes afectados de los programas académicos desistidos o cerrados desde la presentación de su solicitud.
Sanciones y desistimientos
Antes del proceso de evaluación para obtener el licenciamiento, la Universidad San Pedro fue sancionada con 635.16 unidades impositivas tributarias (UIT) por la prestación de servicios educativos en locales que no contaban con autorización ubicados en Celendín y Chota (Cajamarca), Barranca (Lima), Jesús María (Lima) y Sullana (Piura).
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(FIN) NDP/JOT
Publicado: 5/12/2019