En los últimos cinco años, el Ministerio Público ha recibido y atendido 4,561 denuncias, a nivel nacional, por el delito de trata de personas. Así lo destacó Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (Fistrap), subsistema implementado desde el 2014.
Conocida como “la esclavitud moderna”, la trata de personas es uno de los delitos más lesivos que vulnera la dignidad de las personas, convirtiendo al ser humano en objeto o mercancía, con fines de explotación sexual o laboral, siendo esta última la modalidad con mayor incidencia en nuestro país.
Solo en el transcurso del 2021 se registraron 1,448 denuncias, cifra más elevada de los últimos cinco años. Ante esta situación, el Ministerio Público cuenta con 14 fiscalías especializadas Fistrap a escala nacional, lideradas por fiscales calificados en la materia que, en el ejercicio de sus funciones, han obtenido 264 sentencias condenatorias del 2018 al 2022.
De acuerdo con los índices de denuncias, las regiones que presentan mayor número de casos son Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno y Cusco. Por otro lado, la población más propensa a ser víctima de este delito son los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Las estadísticas de la Fistrap del último año indicaron que, además de las mujeres peruanas, las migrantes venezolanas son el segundo blanco de las organizaciones criminales que aprovechan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Según expresó la fiscal Gala Gálvez, las víctimas son captadas a través del falso ofrecimiento de un puesto de trabajo que resulta en la explotación con fines sexuales o laborales.
Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha para crear conciencia y promover la participación masiva de la sociedad para prevenir y desterrar ese tipo de delitos.
Para hacerle frente, el Ministerio Público realiza un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, coordinando acciones para prevenir la violación a la libertad de las personas, perseguir a los tratantes, así como dar asistencia y protección a las víctimas, a través de la Unidad Central de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
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