Los jefes de Estado y Gobierno aprobaron por aclamación el Compromiso de Lima, Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, documento en el cual se comprometen a asumir medidas para combatir la corrupción y a la más amplia cooperación jurídica para hacer frente a este problema.
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1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción y la independencia judicial, siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia.
2. Desarrollar una cultura de transparencia para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos, implementando programas de enseñanza en los sistemas educativos y promover campañas
concientización pública y participación ciudadana para prevenir y lucha contra la corrupción y la impunidad.
3. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses y códigos de conducta que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia.
4. Instar
al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares, incentivar su participación eficaz en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción y llamarlos a que, junto a las empresas públicas, desarrollen programas de capacitación y de promoción de la integridad en todos los niveles.
5. Promover la implementación de políticas y planes nacionales y sub-nacionales en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando la participación de la sociedad civil y actores sociales.
6. Impulsar medidas legislativas para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
7. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias, y el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción.
8. Impulsar
medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de
los ingresos y gastos de los partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de sus aportes y sanción para las contribuciones ilícitas.
9. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
10. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación.
11. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura y de los recursos públicos destinados a garantizar la resiliencia frente a desastres, incluyendo la referida plataforma sobre infraestructura, con miras a mejorar la respuesta a emergencias y los proyectos de prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción.
12. Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción y el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para las investigaciones.
13. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.
14. Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región sean usados para la transferencia y ocultar fondos provenientes de actos de corrupción y para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción.
15.
Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y solicitarle que promuevan el intercambio y la difusión de buenas prácticas, capacidades técnicas y medidas orientadas a fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la corrupción.
(FIN) FHG/CCR
JRA
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Publicado: 14/4/2018