En el marco del 40° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Popular China aceptó 284 recomendaciones de un total de 346 recibidas hacía su política de inversiones en el extranjero, como parte del Examen Periódico Universal (EPU). Así lo informó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – Coica.
De esta manera, el gigante asiático se comprometió ante la ONU a promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Además, se comprometió a adoptar nuevas medidas sobre las empresas y los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales y velar por que las empresas que operen en zonas de alto riesgo o en zonas de conflicto actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“Esperemos que China cumpla estas recomendaciones a través de leyes que permitan que permitan que no se siga poniendo en riesgo nuestra vida, salud y territorios amazónicos.
China debe dialogar con los pueblos indígenas afectados por sus proyectos”, comentó Adolfo Chavez, líder indígena y coordinador de relaciones internacionales de la COICA.
La evaluación del EPU es en respuesta a un informe realizado por diferentes organizaciones no gubernamentales que analizaron las inversiones chinas en Latinoamérica y concluyó que las empresas originarias del gigante asiático han violado sistemáticamente varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas.
Reportan casos
En el marco del EPU, la COICA junto a otras Ong latinoamericanas reportaron ante la ONU cinco casos de vulneraciones de los derechos humanos por partes de empresas de capitales chinos en la Amazonía de la región.
En estos casos las afectaciones para los pueblos indígenas mostraron de manera sistemática débiles mecanismos de transparencia sobre estándares y políticas de inversión en materia socioambiental, inexistente información técnica de carácter ambiental, y nulos mecanismos de participación y consulta.
El caso peruano
Desde 1992 hasta la fecha, las empresas chinas han invertido US$18.400 millones en el Perú, principalmente en minería y, según el embajador de China en Lima, Jia Guide, el gigante asiático tiene la intención de invertir US$10.000 millones adicionales hasta el 2021.
Las medidas adoptadas por China en el marco del EPU deben reflejarse también en un urgente fortalecimiento de las salvaguardas ambientales en sus acuerdos comerciales.
Para el caso de Perú, un reciente estudio realizado por diferentes instituciones de sociedad civil analiza los 22 acuerdos comerciales o “Memorándum de Entendimiento” firmados entre Perú y China, en base a los cuales el país asiático ha invertido en sectores como agricultura, ganadería, pesca, energía (renovable y no renovable), procesamiento de petróleo y gas, e infraestructura de transporte, entre otros.
El Estudio identifica que ninguno de estos acuerdos tiene carácter obligatorio o cláusulas de sanciones ambientales. Con el reciente compromiso asumido por China, se dinamizará la cartera de inversiones en el país ya que se espera se reduzcan los conflictos sociales.
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(FIN) NDP/MAE
Publicado: 30/3/2019