Más de 2,300 familias indígenas y usuarios forestales del Perú serán los principales beneficiarios del proyecto de Gestión Integrada del Bosque en Atalaya, Ucayali, que recuperará 380,500 hectáreas.
Esta iniciativa contará con un financiamiento de 12.2 millones de dólares que fue aprobado por el directorio ejecutivo del Banco Mundial (BM).
Así, en respuesta al incremento de la presión humana sobre el bosque, el Ministerio del Ambiente (Minam) inició este proyecto piloto en Atalaya, que es la quinta zona de mayor
deforestación del país y a la vez, una de las áreas de bosque más productivas.
Esta zona posee 3.98 millones de hectáreas de las cuales tres se hayan relativamente en buen estado.
Financiamiento
“El manejo adecuado del bosque brindará ingresos económicos a la población indígena y posibilitará un desarrollo sostenible. Esto contribuirá en consecuencia a lograr la ansiada inclusión de todos los peruanos y a mitigar el cambio climático,” afirmó el director del BM para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú;
Alberto Rodríguez.
El proyecto cuenta con una donación de 5.8 millones de dólares y un préstamo de 6.4 millones de dólares del Programa de Inversión en Bosque del Fondo Estratégico para el Clima del BM.
El 20% del proyecto financiará a la población dedicada a negocios relacionados con la madera en pequeña escala, y el 80% restante a las comunidades indígenas, donde se dará prioridad a aquellas iniciativas que integren una proporción mayor de mujeres, como líderes o beneficiarias de
emprendimientos, a través de fondos concursables.
Alternativas viables
De acuerdo con la entidad multilateral, el proyecto propone alternativas económicamente viables e integradas al mercado, un manejo de recursos adecuado del bosque que genere desarrollo humano para la población e incremente sus ingresos económicos de manera sustentable.
Agregó que los objetivos planteados en esta iniciativa se alinean con los mecanismos vigentes de mitigación y adaptación al cambio climático.
También detalló que el primer componente del proyecto trabajará con las instituciones nacionales para reconocer los derechos de uso legal de la tierra y su planificación comunitaria.
En particular, se apoyará el registro de comunidades indígenas y nativas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), proporcionando la asistencia legal para lograr su reconocimiento como prerrequisito para iniciar el proceso de titulación de tierras. Asimismo, se fomentará la reducción de actividades ilegales relacionadas con los bosques y garantizará el cumplimiento de las prácticas de manejo forestal sostenible.
El segundo componente promoverá el desarrollo de inversiones y negocios forestales, y otorgará subvenciones a pequeña escala a nivel comunitario, lo que contribuirá a la diversificación de producción de alimentos y la generación de ingresos, a través de la agrosilvicultura, el ecoturismo entre otros.
Más en Andina:
(FIN) SDD
Publicado: 8/1/2019