Lima, abr. 01 (ANDINA).- El ministro de Justicia, Eduardo Salhuana, adelantó que se evalúa la posibilidad de viajar a Tokio, junto al canciller Manuel Rodríguez Cuadros, para explicar al gobierno de Japón la posición peruana respecto al trámite de extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori.
Lima, abr. 01 (ANDINA).- El ministro de Justicia, Eduardo Salhuana, adelantó que se evalúa la posibilidad de viajar a Tokio, junto al canciller Manuel Rodríguez Cuadros, para explicar al gobierno de Japón la posición peruana respecto al trámite de extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori.
“En los próximos días nos reuniremos para armar una estrategia sobre todo este esfuerzo que viene haciendo el Estado para lograr la extradición de Fujimori, y esto incluye una probable visita nuestra al Japón, con el canciller”, declaró a la agencia Andina.
Dijo que el propósito de ese viaje, que aún está por definirse, sería explicar directamente la posición del Perú en torno a la solicitud de extradición del ex gobernante requerido por la justicia peruana para juzgarlo por la presunta comisión de delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
“El objetivo es explicar de manera directa cuál es la posición del Perú, de los expedientes judiciales, ya que se trata de un caso sustentado en un expediente jurídico y que no tiene ninguna connotación de tipo política”, afirmó.
Sostuvo que la visita se efectuaría antes de que el gobierno peruano recurra a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, si Japón rechaza o prolonga su respuesta al pedido peruano.
“Es un esfuerzo adicional que hay que hacer, es importante ir al Japón y hacer conocer el punto de vista del gobierno peruano”, expresó.
Japón ha manifestado en varias oportunidades que se tomaría el tiempo que sea necesario para responder a la solicitud planteada.
Alberto Fujimori reside en ese país asiático desde fines del año 2000, cuando renunció a través de una carta que envió por fax a la Presidencia de la República, al quedar al descubierto la red de corrupción que operó durante su gobierno.
“Los graves delitos de corrupción que dilapidaron los recursos económicos del país, los delitos de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos, no pueden quedar impunes. Tiene que haber una sanción ejemplar”, puntualizó Salhuana respecto a la labor que se efectúa en el país contra aquellos que integraron esa red de corrupción.
(FIN) DCE/GCO/RMR
Publicado: 3/4/2005