El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, informó que la entidad a su cargo requiere un presupuesto adicional de S/ 32 millones para el 2019, que será destinado, entre otros temas, a garantizar la supervisión de la totalidad de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en el país y los servicios complementarios del Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar.
Durante su sustentación del presupuesto de su sector ante el
pleno del Congreso, detalló que la cifra de feminicidios de este año ya superó ampliamente a la del año pasado, con más de 130 muertes hasta el momento frente a las 121 registradas durante el 2017.
Gutiérrez Camacho sostuvo que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2019 es de S/68 millones 438 mil de soles, pero la institución requiere S/101 millones 021 mil soles, por lo que existe un déficit presupuestal superior a 32 millones de soles que serviría para continuar la labor de supervisión en diversas áreas.
“Desde el 2012, la Defensoría del Pueblo tiene como función supervisar el cumplimiento de las medidas a favor de las personas con discapacidad, que constituyen el 10% de la población, y sin embargo no se ha asignado presupuesto para esta tarea”, sostuvo.
Además, dio a conocer los resultados de las supervisiones a los establecimientos de salud, así como de las audiencias defensoriales desarrolladas entre octubre y noviembre en nueve regiones, que permitieron advertir serias deficiencias en la protección de los derechos de las víctimas de violencia.
En ese sentido, Gutiérrez Camacho informó que la demanda adicional que reclama la Defensoría del Pueblo permitirá cumplir el rol que la Constitución Política asigna a la institución.
“Para el 2019 pretendemos también supervisar las políticas públicas destinadas a reducir las brechas en materias de desigualdad en niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas, afroperuanas, migrantes, personas con discapacidad y privadas de su libertad”, sostuvo.
Además, indicó que para el próximo año se continuará con la supervisión de las farmacias y boticas públicas para verificar el acceso a los medicamentos esenciales y el funcionamiento del Observatorio Nacional de Presos. Asimismo, la supervisión del cumplimiento del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia y la atención a niñas, niños y adolescentes en las comisarías.
“En el 2018 hemos aumentado las supervisiones en un 21% y para el próximo año pretendemos incrementar dicha cifra, por lo que es necesario contar con la demanda presupuestal adicional”, sostuvo el Defensor del Pueblo, quien dio a conocer que este año hubo un incremento del 167% de las capacitaciones en relación al año pasado.
“Los indicadores de violencia solo van a ceder cuando la población conozca sus derechos”, concluyó.
(FIN) NDP/SMA
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Publicado: 29/11/2018