En las consideraciones del texto sustitutorio de las mociones 1652 y 2040, donde se acuerda la formación de la comisión investigadora, se consigna que cada año se presentan 5,500 denuncias por violación sexual, de las cuales 72% (casi 4,000 casos) corresponden a delitos contra menores de edad.
De los 4,000 casos, el 90% de las víctimas son niñas o adolescentes, de estos solo 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores; es decir, ni la tercera parte de los agresores son castigados.
La Defensoría del Pueblo informó de casos reportados contra menores en instituciones educativas públicas y privadas, como los ocurridos en el
colegio particular Héctor de Cárdenas o casos de violencia sexual sistemática contra menores, cometidos por miembros del
Sodalicio de Vida Cristiana.
Los mismos delitos contra menores se han suscitado en instituciones públicas que atienden a menores como los casos denunciados en Inabif y Centros de Atención Residencial (CAR).
Alberto de Belaunde sostuvo que pese a lo amplio del tema y la gravedad que reviste, se determinará el modus operandi en que fueron cometidos de modo generalizado y sistemático.
Lo investigado, dijo, constituirá un instrumento útil para determinar y sancionar a los responsables de que los órganos competentes del Estado no hayan tomado las acciones idóneas para la prevención, el remedio, la denuncia y la sanción del grave fenómeno de violencia sexual sistemática contra niños y adolescentes.
(FIN) VVS/FHG