La Comisión de Constitución aprobó hoy por ocho votos contra tres, el proyecto de ley que establece una nueva tramitación para las medidas cautelares que se presenten ante el Poder Judicial y que pidan suspender o limitar un servicio público, como sucedió con la resolución emitida por el juez Eloy Zamalloa, que suspendía las operaciones de la empresa Lan Perú.
Lima, oct. 25 (ANDINA).- La Comisión de Constitución aprobó hoy por ocho votos contra tres, el proyecto de ley que establece una nueva tramitación para las medidas cautelares que se presenten ante el Poder Judicial y que pidan suspender o limitar un servicio público, como sucedió con la resolución emitida por el juez Eloy Zamalloa, que suspendía las operaciones de la empresa Lan Perú.
Previamente, el grupo de trabajo que preside Aurelio Pastor (PAP) postergó para el martes 2 de noviembre el debate para determinar si es constitucional o no el Decreto de Urgencia 012, que permitió a Lan Perú reanudar los vuelos.
El proyecto en cuestión, presentado por el congresista Natale Amprimo, establece que una medida cautelar que plantee la suspensión de un servicio público deberá ser resuelta por la Corte Superior y no por el juez de la causa.
Esta instancia, bajo su responsabilidad, tendrá un plazo de tres días para dar un veredicto, salvo que decida escuchar los fundamentos de las partes en conflicto, en cuyo caso, el plazo correrá después de cumplido el informe oral.
El fallo de la Corte Superior podrá ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, que actuará como segunda instancia, y que a su vez tendrá un plazo de 10 días para dar el fallo final.
El proyecto, que modifica el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que la nueva tramitación es de aplicación inmediata y que regirá para todos los procesos en trámite que se encuentren en el Poder Judicial, cualquiera sea su condición.
Votaron a favor de esta medida los congresistas Jorge del Castillo, José Luis Delgado y Luis Gonzales Posada, del Apra; Fausto Alvarado, del FIM; Kuenen Francesca, de UN; Luis Guerrero, de PA; Henry Pease y Carlos Almerí, de PP.
En contra, Eduardo Salhuana (PP), Alcides Chamorro (NA) y Javier Diez Canseco (SAUI).
Amprimo afirmó que este cambio impedirá que se den medidas cautelares desproporcionadas y sin tomar en cuenta sus efectos sobre la comunidad, como la emitida por el juez Eloy Zamalloa, que decretó el cierre de las operaciones aéreas de Lan Perú.
Este nuevo trámite, agregó, ofrece una mejor garantía de que no se cometerán excesos, y, sobretodo, que se escuchará a la parte demandada, y no solo a la parte afectada.
(FIN) EGZ / RMR - 25/10/04 22:46