El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe exigir, en los contratos de concesiones viales, la colocación de barandas de protección y la disposición de medidas concretas de infraestructura vial que protejan la vida de las personas que circulan por las carreteras del Perú, recomendó la Defensoría del Pueblo.
En tal sentido, reiteró su pedido de revisar y renegociar todos los contratos de concesión vial como el otorgado a la empresa Deviandes, responsable de la zona de la
carretera Central, en Huarochirí, donde ayer un bus se despistó causando la
muerte de 10 de sus pasajeros.
Reveló que solo en el ámbito de la concesión administrada por Deviandes han fallecido 201 personas entre los años 2012 y 2017 y se han producido 1,817
heridos, producto de 6,365 accidentes de tránsito en el mismo periodo.
La Defensoría del Pueblo recalcó que la zona en la que se produjo la caída del vehículo, en el kilómetro 109 de la Carretera Central, en Casapalca, carece de barreras metálicas de seguridad.
De otro lado, recordó que, luego de ocurrido el
accidente en Pasamayo, que dejó más de 36 fallecidos, el MTC se comprometió a realizar las acciones necesarias para renegociar con las concesionarias los contratos de concesión para mejorar las condiciones de seguridad vial.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a los requerimientos de información realizados en los meses de marzo y setiembre, la entidad aún no ha reportado el desarrollo de acciones concretas en esta materia.
Adicionalmente, mediante el Informe Defensorial N° 178 “La gestión de riesgos en las concesiones viales: Lecciones del fenómeno El Niño Costero”, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de renegociar los contratos de concesión de las redes viales nacionales.
Explicó la medida busca incorporar cláusulas para la implementación de mecanismos para el control de la velocidad y el cumplimiento de las exigencias del Manual de Seguridad Vial.
Los contratos de concesión de infraestructura vial tienen una vigencia que va de los 15 a los 25 años, tiempo en el cual deben implementarse medidas urgentes para evitar el incremento de accidentes y perjuicios incalculables en términos de pérdidas de vidas humanas, incremento de personas con discapacidad, pérdidas anuales del PBI a nivel nacional y otras consecuencias sociales y económicas.
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(FIN) NDP/LIT
Publicado: 28/12/2018