El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) informó que supervisa los establecimientos dedicados a la comercialización de dichas sustancias químicas, a fin de verificar previamente su registro y autorización de uso, así como su importación, fabricación o producción, formulación, envasado, distribución y disposición final en el país.
Sostuvo que las acciones de fiscalización de los plaguicidas de uso agrícola, que ejecuta son acciones posregistro, reguladas en el
DS N° 001-2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola.
Senasa aseguró que estas acciones tienen por objetivo contribuir a prevenir y proteger la salud humana y el ambiente, garantizar la eficacia biológica de los productos, así como orientar su uso y manejo adecuado mediante la adopción de buenas prácticas agrícolas. Los plaguicidas prohibidos, vencidos o caducos, o en envases deteriorados o dañados no pueden ser distribuidos ni comercializados.
Del mismo modo, la venta de plaguicidas químicos de uso agrícola de las categorías toxicológicas Ia o Ib (banda roja clasificados como altamente y extremadamente peligrosos), requieren obligatoriamente de prescripción expedida por ingenieros agrónomos a los agricultores, previa capacitación y asesoría técnica.
Trabajo fiscalizador
El Senasa indicó que inspecciona de manera inopinada, las instalaciones utilizadas para el almacenamiento de plaguicidas de uso agrícola que cuentan con autorización sanitaria vigente, aplicando medidas preventivas inmediatas en cumplimiento del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola y en resguardo a la salud y el medioambiente.
En el 2022, se realizaron 2,034 acciones de fiscalización a nivel nacional, superando las programadas. En 2023, se ejecutaron 2,257 acciones (2,060 programadas) y se proyectan 2,156 acciones más para el 2024.
Adicionalmente, el Senasa promueve acciones de capacitación en el uso y manejo adecuado de plaguicidas. En 2022, se capacitaron 7,298 personas, en 2023 se capacitaron 8,818 personas, y en 2024 se planea capacitar a 6,736 personas, promoviendo buenas prácticas de producción para una agricultura responsable en beneficio de productores y consumidores en todas las regiones del país.