El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, expresó su confianza en la promulgación por insistencia de la autógrafa de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) para consolidar la implementación de políticas de transparencia total y de acciones de control gubernamental iniciada en su gestión.
El funcionario sostuvo que estas políticas permitan a la población percibir y conocer lo que se viene realizando con el fin de reducir la inconducta funcional y la corrupción.
“La
Contraloría está cambiando y ahora está más cerca de la población a la cual nos debemos”, expresó al iniciar la primera Audiencia Pública Regional
“La Contraloría Te Escucha” que contó con la presencia de cerca de 300 pobladores y representantes de la sociedad civil, y la participación activa de 45 ciudadanos que presentaron sus denuncias sobre presuntos hechos irregulares en entidades y servicios públicos loretanos.
Shack Yalta adelantó que el impacto de la nueva
Ley de Fortalecimiento permitirá, por ejemplo, la publicación integral de los informes de control a los cuales tendrá acceso la ciudadanía vía web. Asimismo, con la modificación del Sistema de Denuncias, todos los ciudadanos denunciantes recibirán una respuesta de la
Contraloría respecto al hecho denunciado, entre otros cambios necesarios para fortalecer el
Sistema Nacional de Control.
“Por lo pronto, en los últimos seis meses se han puesto en marcha cambios que acercan la actuación de la Contraloría a la población, como en el caso de la Contraloría Regional Iquitos, donde se ha implementado un área de Comunicaciones y de Procuraduría, próximamente, de Prevención y Participación Ciudadana, a la que sumarán iniciativas como el de los Monitores Ciudadanos, que es un programa de voluntariado para ejercer el control social a obras públicas, en el marco de la Reconstrucción con Cambios”, manifestó.
El contralor explicó a la ciudadanía que la función de la Contraloría General de la República es auditar la ejecución del gasto público que realizan las entidades del Estado y trasladar al Ministerio Público y el Poder Judicial, los indicios de responsabilidades penales y civiles a fin que sean investigados y/o sentenciados. El papel sancionador del ente de control se aplica solo para casos de responsabilidades administrativas.
Resultados del control
Shack adelantó que próximamente culminarán con las auditorías de cumplimiento al Hospital de Apoyo de Iquitos “César Garayar García”, por el caso del proyecto del
Plan de Contingencias; y al Dirección Regional de Educación, por las denuncias de pagos de bonificaciones y los casos de denuncias no tramitadas de delitos de violación y hostigamiento sexual contra estudiantes.
Ambos casos fueron compromisos asumidos por la Contraloría General durante la jornada de supervisión realizada en noviembre del 2017, dijo.
Anotó que si bien las posibles responsabilidades civiles o penales que se identifiquen pasarán al Ministerio Público y el Poder Judicial, la
Contraloría General iniciará y sancionará administrativamente con la suspensión o la inhabilitación, a los funcionarios públicos que se encuentren involucrados.
A su turno, el contralor regional de Iquitos, Emerson Rucoba, detalló que la auditoría al proyecto del Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas-Iquitos, identificó presunta responsabilidad civil y administrativa contra funcionarios por resolver el contrato de consultoría sin sustento, lo que habría ocasionado un perjuicio económico por más de 1 millón 700,000 soles.
Del mismo modo, señaló que el informe de auditoría sobre presuntos hechos irregulares en la rehabilitación de la Plaza 28 de julio, se identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de funcionarios, por partidas con metrados sobredimensionados, entre otros aspectos.
Otras auditorías culminadas son las efectuadas a la Municipalidad Provincial de Maynas por presuntas irregularidades en las obras de mejoramiento del Jirón Atlántida, con presunta responsabilidad penal y administrativa, y a la Municipalidad Distrital de Punchana por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del recojo de residuos sólidos, donde habría un otorgamiento irregular de buena pro y de una conformidad para el pago de toneladas métricas que no se realizó, con un presunto perjuicio económico de 1 millón 533,000 soles.
(FIN) NDP/LZD