Lima, may. 18 (ANDINA).- La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) expresó hoy su “preocupación y frustración” por la Ley de Hidrocarburos, promulgada la víspera, y anticipó que cada empresa petrolera asumirá las medidas que consideren pertinentes para proteger sus derechos adquiridos.
El gremio que reúne a todas las empresas de exploración, explotación y servicios petroleros en ese país aseveró que la nueva ley tiene un carácter confiscatorio que afecta derechos reconocidos por los contratos, las leyes, la Constitución Política y los convenios internacionales.
La ley aprobada ayer mantiene las regalías que pagan las empresas petroleras en 18 por ciento y crea un impuesto directo a la producción del 32 por ciento, con lo que su carga tributaria asciende al 50 por ciento.
Asimismo, obliga a que los contratos entre las petroleras y el Estado se adecuen al nuevo texto legal.
Además, fija la migración forzosa no negociada y sujeta a una fiscalización por parte de los tribunales bolivianos a las actividades de las empresas del sector que trabajan en el país.
El presidente de la CBH, Raúl Kieffer, reconoció que con ello se logrará recaudar en los primeros años “grandes cantidades de dinero”, sin embargo, advirtió que no se garantiza el desarrollo o fortalecimiento del sector petrolero boliviano en el corto y mediano plazo.
Sostuvo que el nuevo texto legal afectará negativamente las futuras inversiones y el desarrollo de la industria boliviana, informó hoy El Diario.
Por ello, Kieffer adelantó que “cada empresa tomará las medidas adecuadas dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos”.
En tanto, diversos sectores políticos, sociales y cívicos rechazaron también la norma debido a que consideran que es contraria a los intereses del país y favorece a las transnacionales, indicó El Deber.
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Mesa, aseguró que asumirá las consecuencias por no haber promulgado la Ley de Hidrocarburos e indicó que fue una ley que elaboró y sancionó el Congreso Nacional.
La ley, que impone un incremento impositivo a las petroleras y aumenta la intervención del Estado en el negocio petrolero, sustituye a la que estuvo vigente desde 1996, por la cual se firmaron los actuales contratos con las petroleras trasnacionales.
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