La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló esperar que el Congreso apruebe un proyecto de ley en favor de los vigilantes ambientales.
En una nota de prensa recordó que este martes 18 de mayo se reunirá la Junta de Portavoces, a fin de definir la realización de un pleno de pueblos y ambiente para el 3 y 4 de junio.
En dicho pleno se debatirían más de diez proyectos de ley a favor de los pueblos indígenas y el ambiente, entre ellos, la ley marco sobre monitoreo y vigilancia ambiental.
Dicha ley, precisó, permitiría resarcir una larga deuda normativa con los vigilantes y monitores ambientales tras cinco años del nacimiento de los proyectos que dieron origen a esta propuesta, en los que DAR ha contribuido mediante aportes técnicos y recomendaciones.
"Esta medida es más necesaria que nunca para una reactivación económica responsable con gestión sostenible de los recursos naturales, y para atender las emergencias ambientales que siguen ocurriendo", subrayó.
Para ello consideró clave la integración del trabajo de los vigilantes ambientales con el Estado, a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA.
Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena Aidesep, sostuvo que ha construido esta propuesta como respuesta a la sacrificada labor de los monitores ambientales indígenas a lo largo del territorio.
"Son ellos quienes nos han permitido alertar y actuar frente a desastres ambientales, y quienes conocen mejor y pueden actuar con diligencia frente a emergencias. Es deber del Estado no solo reconocerlos, sino articular su trabajo con los deberes que tienen las autoridades ambientales”, señaló.
La iniciativa legislativa propone que los diversos grupos de vigilancia sean reconocidos como organismos de vigilancia y monitoreo ambiental-OVMA, que serían parte de un registro nacional y trabajarían de forma autónoma y/o en coordinación con el Estado.
Además, generarían reportes y/o actas que serían considerados documentos de referencia que ayuden al monitoreo ambiental en el marco de procesos de evaluación ambiental, elaboración de líneas base para proyectos, planes de remediación y de gestión de riesgos, entre otros.
Al presentarse un reporte y/o acta ante una entidad del SNGA, esta tendría la obligación de informar en un plazo de 15 días hábiles las medidas tomadas o a tomar frente a los hechos reportados; plazo que se acorta a 10 días hábiles en el caso de reportes de alerta temprana por situaciones de inminente contaminación u otro tipo de afectación a la vida, salud e integridad humana.
De esta manera, remarcó DAR, el Estado ganaría cobertura y rapidez en las acciones de prevención, vigilancia y control en situaciones como derrames de petróleo o reportes de actividades ilegales, entre otros.
Los vigilantes ambientales obtendrían un reconocimiento formal y respuestas específicas del Estado a su labor, lo que se traduciría en una mejor protección de sus territorios; y los peruanos en general se beneficiarían de los servicios ecosistémicos, ambientales, económicos y culturales de un territorio nacional protegido, agregó.
(FIN) NDP/VVS
GRM
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Publicado: 15/5/2021