La Defensoría del Pueblo solicitó al Estado, mediante los sectores competentes y las entidades de administración de justicia, brindar atención urgente a la problemática de violencia sexual hacia estudiantes indígenas de Condorcanqui, con el fin de adoptar acciones intersectoriales e intergubernamentales de prevención dirigidas a superar los riesgos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes indígenas, así como para determinar las responsabilidades y sanciones penales correspondientes.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la grave situación de vulnerabilidad e inminente riesgo en el que se encuentran niñas y adolescentes indígenas awajún que habrían sido víctimas de violencia sexual por parte de docentes, situación que data de años atrás y viene afectando su dignidad y vulnerando sus derechos a la integridad, protección, educación, salud física y mental, así como al desarrollo integral y otros derechos conexos.
Indicó que, desde el 2010 a la fecha, se han presentado 524 denuncias de presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui, en la región Amazonas, por lo que urgen acciones focalizadas de los sectores competentes e instancias del gobierno regional y local para garantizar los derechos de niñas y adolescentes indígenas.
En ese sentido, la Defensoría exhortó al Ministerio de Educación a que, al finalizar el trabajo de la comisión que ha conformado para el diálogo y acompañamiento permanente de las comunidades awajún, en Condorcanqui, elabore un informe dando cuenta de los resultados de las acciones adoptadas para garantizar la atención integral a las niñas y adolescentes indígenas afectadas, bajo los enfoques de niñez e interculturalidad, en coordinación con las autoridades locales.
Asimismo, a que dé a conocer las acciones respecto a las denuncias por violencia sexual contra la niñez y adolescencia indígena de la referida zona, y el procesamiento administrativo de las mismas a fin de que se proceda a la separación inmediata de los docentes.
“La Defensoría del Pueblo considera oportuno manifestar enfáticamente que todo acto que vulnere la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, como la violación sexual, constituye un delito, lo que obliga a los operadores de justicia a dar celeridad y debida diligencia para determinar las responsabilidades y la sanción correspondiente, a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”, indica el comunicado.
Asimismo, la institución rechaza todo argumento o pretensión que tenga como propósito validar los actos de agresión sexual contra menores de edad indígenas como una práctica cultural dentro de las comunidades indígenas. En ese sentido, considera relevante manifestar que los usos y costumbres de dichos pueblos se ejercitan teniendo como límite el pleno respeto por los derechos humanos y fundamentales.
“Según el Comité de los Derechos del Niño, las niñas, niños y adolescentes indígenas o de otras minorías étnicas se encuentran en situación de vulnerabilidad potencial frente a la violencia. Asimismo, en las observaciones de dicho Comité al Estado peruano en el año 2016, se destacó la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos arraigados que discriminan a las niñas, lo que da lugar a una elevada prevalencia de la violencia contra ellas”, señala el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
“En atención a ello, y en la línea de lo señalado por el referido Comité, el Estado Peruano debe adoptar medidas urgentes para la determinación y prevención de los factores y circunstancias que dificultan el acceso a los servicios de dichas personas menores de edad, así como para garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos, como parte de medidas de una política social para reducir riesgos y prevenir la violencia”, añade.
“En ese contexto, la Defensoría del Pueblo solicita al Estado, mediante los sectores competentes y las entidades de administración de justicia, brindar atención urgente a la problemática de violencia sexual hacia estudiantes indígenas de Condorcanqui, con el fin de adoptar acciones intersectoriales e intergubernamentales de prevención dirigidas a superar los riesgos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes indígenas, así como para determinar las responsabilidades y sanciones penales correspondientes”, finaliza el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
(FIN) NDP/LZD