El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, aseguró hoy que los estándares ambientales que se piden a los postores del complejo metalúrigico de La Oroya son absolutamente razonable y no puede ser flexibilizado porque forma parte de un arbitraje internacional y corresponde al Estado proteger la salud de las personas.
Precisó que este estándar se está aplicando desde el 2001 y es el mismo que se ha exigido a la empresa operadora de la metalúrgia para su adecuación ambiental.
"Es un estándar absolutamente razonable. El (estándar) del 2001 no se puede mover por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las personas", explicó en RPP.
Precisó que el Estándar de Calidad del Aire (ECA) fijado en ese periodo es de 80 microgramo por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales, conforme al Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) y no de 20 por día como se había rumoreado.
Indicó además que esta requerimiento esta comprendido en la demanda de arbitraje ante la CIADI planteada por el Grupo Renco, propietario de la metalúrgia a través de Doe Run Perú, por el cierre de operaciones debido a la adecuación ambiental, entre otros.
"Si nosotros le damos a un operador mayor flexibilidad del que se exigió a Renco, el Perú perdería el arbitraje al que esta sometido el Estado peruano por 500 millones dólares", argumentó.
Los estándares ambientales para La Oroya habría influido para que no se presenten postores a la venta del complejo metalúrgico, lo que motivó protestas de los trabajadores que piden la flexibilización de las condiciones ambientales y la reapertura de la planta.
"No lo aceptan por dos motivos: porque La Oroya emite 732 microgramos por metro cúbico en promedio anual, eso significa que hay momentos en que una chimenea emite cerca de mil", precisó.
Para Pulgar-Vidal ese nivel de emisión es producto de la obsolescencia de la maquinaria y de una privatización fallida, e incluso "corrupta", de los años 90. La empresa que se hizo con la venta de la planta, según dijo, no ejecutó el mantenimiento de la misma lo que motivó la emisión de agentes contaminantes.
Estado decidirá el 24 de agosto
El ministro del Ambiente anunció además que el 24 de agosto el Gobierno tomará una decisión definitiva sobre la planta, después de una reunión con los acreedores para decidir si se mantienen respetando los estándares establecidos o es puesta en venta.
Recomendó buscar alternativas laborales diversificadas para que los trabajadores no se vean perjudicados con una futura decisión, ya que no se disminuirá las exigencias ambientales.
"Hay que buscar alternativas laborales porque el tema de la flexibilización es un remedio falso (...) La viabilidiad de la planta es algo que merecemos discutir políticamente (...) no creo que los ciudadanos estemos dispuestos a suponer que por una cuestión laboral vamos a permitir que se emita (contaminación)", apunto.
Por último, mencionó que
en La Oroya habitan actualmente el 25 por ciento del total de pobladores que antes existía, quienes reciben parte de un salario de la división Cobriza, empresa de Doe Run, que continúa en operaciones.
(FIN) JRM/FHG
Publicado: 12/8/2015