Representantes de los pueblos indígenas solicitaron a las autoridades implementar medidas de protección en salvaguarda de los defensores de la Amazonía y, además, para garantizar la salud y educación de esta población.
Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), refirió que desde abril del 2020 hasta julio del 2021 han sido asesinados 10 defensores de la Amazonía, y las viudas y los niños huérfanos se encuentran desamparados por las autoridades. Por ello, demandó que el Estado garantice sus derechos territoriales.
“El nuevo presidente de la República tiene que implementar mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos, esto debe ser de manera efectiva y no solo en el papel. Además, hago un llamado al nuevo Congreso para que ratifique el Acuerdo de Escazú, herramienta importante para garantizar la protección de los defensores y defensoras ambientales”, puntualizó.
Cauper se pronunció en el Primer Encuentro Nacional para la Protección de Defensores y Defensoras Indígenas de la Amazonía Peruana, que impulsó Aidesep junto con cinco organizaciones indígenas de las regiones de Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, con el fin de hacer un balance de los atentados contra ellos y exhortar al nuevo Gobierno para que priorice su atención.
Mónica Romo, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), precisó que “la implementación del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos (AIRR) que incentiva el encuentro tiene como propósito promover un entorno favorable para las y los defensores indígenas”.
En el encuentro se recogieron los testimonios y la problemática que enfrentan los defensores de la Amazonía, y Zoila Ochoa, miembro de la junta directiva de Aidesep, formuló un llamado para que “en el Bicentenario no hayan más muertes de líderes indígenas”.
Ruth Buendía, miembro de la junta directiva de Aidesep, dijo que entre las amenazas a las comunidades y defensores de la Amazonía figuran el tráfico de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico, actividades ilegales e invasiones, así como los impactos de las carreteras que contribuyen a la deforestación y no son consultadas a la población.
En muchos casos, los defensores son judicializados por los agresores y no cuentan con apoyo legal. “Una debilidad es la impunidad y la corrupción”, expresó.
Otro problema que expone a las comunidades indígenas y las colocan en mayor vulnerabilidad es la falta de titulación, georreferenciación de sus territorios. Marisol García, de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), señaló que en julio del 2021, en la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, los defensores indígenas fueron agredidos por mafias del narcotráfico por defender sus tierras y agua.
“Las mafias y las grandes empresas son las que ingresan a nuestros territorios para degradar los bosques; por ello, exigimos la titularidad de nuestras tierras”, enfatizó.
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Por su parte, Damaris Ramírez, del Programa Mujer Indígena de la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), resaltó la necesidad de que se implemente y sean efectivas las medidas de protección a los defensores ambientales.
“Ucayali fue la región más afectada en los ataques y muertes a los defensores, dejando familias desamparadas. Si bien hay un mecanismo intersectorial que vincula a varios ministerios a trabajar en su atención, aún está pendiente la aprobación del protocolo de actuación para la implementación de este mecanismo. También se requiere invertir recursos en su implementación”, precisó.
Rosa Sánchez Pérez, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi-SL), manifestó que la carretera Balsapuerto-Moyobamba no se ha efectuado una consulta previa adecuada con todas las comunidades.
Irake Marakai, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) en la región Loreto, denunció el caso de la comunidad indígena Centro Arenal sobre la que se superpone la carretera Bellavista-Santo Tomás-Mazán, que está generando conflictos y el Estado no ha cumplido con hacer la consulta. “Seguiremos defendiendo nuestros territorios”, expresó.
En el encuentro también participaron Joel Hernández García, relator sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; representantes de Front Line Defenders y el coordinador técnico del Programa de Defensa de defensores indígenas de la COICA, Roraima González.
Dato
El Primer Encuentro Nacional para la Protección de Defensores Indígenas de la Amazonía Peruana se desarrolló en el contexto de la implementación del proyecto “Amazonía Indígena: Derechos y Recursos”, financiado e impulsado por la USAID, e implementado por Aidesep, WWF y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
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(FIN) NDP/TMC/JOT
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Publicado: 9/8/2021