La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que sanciona hasta con 22 años de cárcel para los funcionarios que hagan mal uso de los recursos contra el coronavirus (covid-19).
La iniciativa legislativa, formulada por el legislador Leonardo Inga, busca establecer agravantes para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios en el uso de recursos destinados a combatir la pandemia.
Bajo esa premisa, considera la modificación de los artículos 384°, 387°, 388° y 389° del Código Penal, y establece penas más duras para los delitos de colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, peculado de uso y la malversación de fondos.
Por ejemplo, para los casos de colusión agravada que se castigan con prisión no menor de 6 años ni mayor de 15, se castigaría con prisión no menor de 9 años ni mayor a 22, “si el delito se comete respecto al uso inadecuado de los recursos públicos como consecuencia de haberse declarado estado de emergencia”.
Para los casos de peculado doloso y culposo, las penas van desde los 4 hasta los 12 años.
“Constituye agravante si los caudales o efectos fueran producto de asignación por haberse declarado estado de emergencia”, señala la propuesta que establece pena de cárcel entre 12 y 18 años.
Actualmente, la malversación de fondos se castiga con pena privativa de la libertad de entre 3 y 8 años.
El proyecto establece que si el dinero que administra el funcionario corresponde a zonas declaradas en estado de emergencia, “la pena privativa de libertad será no menor 4 ni mayor de 12 años”.
(FIN) NDP/VVS
JRA
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Publicado: 1/4/2020