El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, propuso que las funciones de supervisión de la minería artesanal, actualmente en manos de los gobiernos regionales, retorne al gobierno central, específicamente al Ministerio de Energía y Minas, como una manera más eficaz de luchar contra la minería ilegal.
En el marco de la mesa de trabajo “Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país” en el CADE 2019, De la Flor dijo que los gobiernos regionales no tienen las competencias ni la voluntad para llevar a cabo esta supervisión, lo que en gran medida ha generado el avance de la minería ilegal en el país.
Señaló que en el país operan 300 000 mineros informales o ilegales, cuando hace 10 años eran 100 000, un crecimiento de 300%, pero además en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde deben inscribirse los mineros informales que aspiran a la formalidad, solo hay figuran 54 000 derechos mineros, 4 500 de ellos en Madre de Dios, y apenas 1 400 han logrado culminar el proceso de formalización.
Dijo, además, que la minería ilegal se ha convertido en una actividad más rentable que el narcotráfico, pues al año mueve entre dos a tres billones de dólares, el doble que las drogas.
“Frente a este panorama desalentador, lo que propongo es un esquema de intervención integrado alrededor de tres pilares, el primero de ellos, el fortalecimiento institucional pasa por recentralizar las funciones de supervisión”, señaló.
También planteó, como parte de este plan, redefinir el concepto de pequeña minería o minería artesanal, para depurar del registro de formalización de aquellos mineros que se aprovechan de esta ambigüedad para operar de manera impune y degradar el medio ambiente.
Por el lado de la oferta, el representante de la SNMPE demandó una tolerancia cero contra el uso del mercurio, tal como ya existe en Colombia y en otros países, que en el Perú pasa por eliminar el contrabando, principal fuente de aprovisionamiento de los mineros ilegales.
Por su parte, el general Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército, dijo que en el país se debe crear una fuerza espacial para combatir el narcotráfico, distinta a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“El problema es que seguimos empleando las mismas estrategias de combate al narcotráfico de hace 20 años. Los esfuerzos aislados no dan resultados”. Hoy debemos de hablar de estrategias multidimensionales”, señaló.
A su turno, el juez penal José Vázquez Taín, de La Coruña (España), que en 20 años de trabajo logró desarticular a decenas de bandas de narcotraficantes que se instalaron en esa región, se mostró contrario a la legalización de las drogas.
El problema de las drogas no es solo el consumo, es la producción. ¿Qué tendrían que hacer los estados, comprársela a las mafias, que asesinan y corrompen? Para una legalización primero tendría que ser mundial; no es la solución, agrava el problema porque da la sensación que el consumo es bueno.
(FIN) EGZ/RMCH
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Publicado: 28/11/2019