El Poder Judicial ordenó la transferencia de cuatro barras de oro al Estado, valorizadas en más de un millón trescientos mil dólares a hermanas empresarias por un caso vinculado a la minería ilegal.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, presidido por el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, declaró fundada la demanda de extinción de dominio sobre cuatro barras de oro en posesión de las hermanas Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda, quienes habrían adquirido el mineral de manera ilícita. Se ordenó que dichas barras sean transferidas al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
La incautación de las barras se produjo tras una acción de control extraordinario realizada por la administración aduanera. Se confiscaron dos barras de oro de 6.04 kg y una barra de 5.08 kg, de propiedad de Edith Gisela Pacori Borda, y dos barras de oro de 6.04 kg, presuntamente propiedad de Lizbeth Yanina Pacori Borda.
El valor total de estas barras asciende a un millón trescientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis dólares americanos ($1,339,336.00), según lo consignado en la declaración aduanera de mercancías (DAM).
De acuerdo con las investigaciones, el Poder Judicial determinó que, dado su elevado valor, las hermanas no pudieron justificar adecuadamente el incremento patrimonial, lo que sugiere que estos bienes están vinculados a actividades ilícitas.
Edith y Lizbeth Pacori son propietarias de las empresas MINERALES ADRIAN A&A y MINERALES MAYA, respectivamente, que iniciaron operaciones en 2015 con la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, según su registro en la SUNAT.
Las hermanas Pacori declararon no comprar mineral aurífero porque se consideran productoras y afirmaron no desarrollar actividades de beneficio minero. Sin embargo, el Ministerio Público ha señalado que los instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) indican lo contrario.
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(FIN) OPG/RMCH
Publicado: 14/8/2024