Lima, dic. 20 (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, aclaró esta noche que ningún miembro del gobierno tiene relación con un presunto manejo irregular de donaciones de medicinas y ropa, y anunció que el Ejecutivo ha pedido al Ministerio Público que denuncie penalmente a quienes resulten responsables.
Lima, dic. 20 (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, aclaró esta noche que ningún miembro del gobierno tiene relación con un presunto manejo irregular de donaciones de medicinas y ropa, y anunció que el Ejecutivo ha pedido al Ministerio Público que denuncie penalmente a quienes resulten responsables.
En una declaración de prensa, Ferrero aseguró que las donaciones en cuestión “no han sido gestionadas, tramitadas, guardadas, vendidas ni entregadas, por ninguna persona del gobierno”.
Añadió que Fernando Manrique, sobrino del presidente Alejandro Toledo, y vinculado por investigaciones periodísticas a los supuestos malos manejos, está prohibido de ingresar a Palacio de Gobierno desde el 15 de marzo último, y que desconocen quien es Jesús Velásquez, presidente de la Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo (ACED).
Asimismo, informó que en la fecha se ha procedido a despedir a Maurelio Criollo, acusado de utilizar el nombre del consejero presidencial Juan Sheput, para quien trabajaba como mensajero.
“De esta manera queda absolutamente desvirtuada cualquier vinculación de alguien del gobierno con esta dolosa operación, y felicitamos a quienes hacen este tipo de denuncias porque contribuyen a la causa de la lucha contra la corrupción, donde quiera que se encuentren”, dijo a los periodistas.
En tanto, la Secretaría de la Presidencia de la República solicitó a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, iniciar las investigaciones que correspondan, y denunciar a todos los que resulten responsables de la presunta venta de donaciones.
En un comunicado público, el Despacho Presidencial recuerda a la opinión pública que en reiteradas oportunidades ha señalado la expresa prohibición que tienen los familiares del presidente de la República de realizar trámites o gestiones en su nombre.
“Queda claro que a quienes realizan estas gestiones deben caerles todo el peso de la ley”, concluye.
(FIN) EGZ
Publicado: 20/12/2004