Por Susana MendozaEste domingo es el Día del Servidor Público. A propósito de esta fecha, el presidente ejecutivo de Servicio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan Carlos Cortés, señala que son 250 instituciones pública que se encuentra en tránsito a esta norma que promueve la meritocracia.
En entrevista con el Diario Oficial
El Peruano, Cortés explica también por qué es necesario cambiar la experiencia de los ciudadanos en la atención que reciben de parte de las entidades públicas.
¿Considera que la Ley del Servicio civil necesita respaldo social?
–Sin dudas, debe tenerlo, pero la discusión es otra porque el ciudadano común tiene la percepción de que todos los servidores públicos son corruptos o ineficientes, y no es cierto. Lo que hay que lograr es que determinados servicios públicos mejoren todo lo relacionado con la atención al ciudadano: evitar colas, tratar bien a las personas.
Los módulos de atención al ciudadano (mac) son un modelo. Si el ciudadano vive una experiencia positiva con las entidades públicas, su opinión será positiva. No hay que trabajar para cambiar la percepción de la gente, sino para cambiar su experiencia.
–La ley no necesita aliados…
–Su mejor aliado es el Estado, las cerca de 250 instituciones públicas que están transitando a la ley, pero también las que no lo están haciendo porque lo que tenemos que cambiar es la cultura, de cómo se introduce el chip del servicio al ciudadano, que los servidores no solo se preocupen en trabajar bien, sino también en trabajar bien a favor de los ciudadanos.
–¿Cuáles son los problemas que han detectado en la implementación de la ley?
–Que el Estado no está acostumbrado a mirarse hacia adentro para empezar a resolver sus problemas. Las entidades que cuentan con una certificación ISO no tienen ese problema porque se analizan, identifican sus procesos y buscan mejoras; pero existen entidades a las que les resulta difícil hacerlo. Le sucedió a los ministerios de Justicia y Vivienda al inicio. Salud es un sector complejo, pero los servidores ya están entendiendo que es necesario mapear puestos y procesos, porque así mejorarán su gestión.
–¿Qué sectores se resisten más?
–No quiero hablar de ninguno en particular, pero hay una mezcla de desconfianza que no funcione la Ley y que se desconozcan derechos o haya despidos. Es lo que se creyó cuando hicimos una evaluación de la gestión de rendimiento para medir el cumplimiento de las metas de los servidores públicos. Es un sistema que queremos implementar para garantizar que se identifiquen problemas y se cumplan anualmente las metas.
–¿Por qué en el Estado tienen que trabajar los mejores y pagarles bien?
–Por la importancia de las cosas que se hacen en el Estado. Las decisiones que tomamos afectan a miles de personas, y son decisiones que pueden apoyar la actividad privada o trabarla. Por eso, en todas las instituciones públicas tienen que estar quienes den un mejor servicio a los ciudadanos.
–¿Con qué criterios se fijarán los sueldos?
–Luego de que cada institución mapee sus puestos, tenga claro cuál es su realidad y qué debe hacer, en la tercera etapa tiene que dotar de personal cada proceso; es decir, definir cuántas personas y haciendo qué cosas. Después debe elaborar los perfiles de cada puesto [requisitos, competencias] y, finalmente, otorgarle una valoración [cuánto debe ganar la persona en ese puesto]. En ese momento se abrirá el concurso de plazas. Si actualmente gana más de lo que dice el puesto, puede postular. La persona decidirá.
–Los candidatos han propuesto revisar la Ley Servir...
–Creo que hay pilares de la reforma como la meritocracia, capacitación, gestión de rendimiento que no deben modificarse. Si es necesario hacer ajustes a la ley, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, puede discutirse, nada está escrito en piedra. Pero sería recomendable no modificar dichos pilares. Tenemos que romper con los ‘tarjetazos’, ‘compadrazgos’, ‘yo pongo a mis amigos para que ganen más’. La meritocracia es una de las formas más efectivas para evitar la corrupción. Las personas que trabajan en el estado deben tener mayor conocimiento y competencia. Hay que invertir en su formación.
–¿Es necesaria una sociedad civil que fiscalice la implementación de la ley?
–Sí, estamos viendo que los concursos sean transparentes, buenos y profesionales. Creemos que las veedurías son una opción, por ejemplo, porque nos tienen que fiscalizar.
(FIN) DOP/ FHG
Publicado: 27/5/2016