El Gobierno oficializó hoy los decretos supremos que prorrogan la declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ubicadas en la región La Libertad. También dispuso la misma medida para las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.
La norma precisa, asimismo, que la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno en la provincia de Pataz, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La
prórroga del estado de emergencia se sustenta en un oficio remitido por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que recomienda que se prorrogue por el término de treinta días calendario, el estado de emergencia declarado en la provincia de Pataz.
Minería ilegal y crimen organizado
Esta recomendación se sustenta en los informes de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la PNP y de la Región Policial La Libertad que indican que
persiste la problemática de la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos en la provincia de Pataz, lo cual configura un escenario de conflicto y afectación al orden interno en dicha jurisdicción; resaltando recientes atentados contra instalaciones estratégicas y trabajadores.
La norma indica, además, que durante la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Intervención de la Policía y FFAA
Con respecto a la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, refiere que esta se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente; así como, en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP.
El decreto supremo señala también que el Ministerio del Interior articula y gestiona, a favor de la Policía Nacional del Perú, las medidas que sean requeridas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales de la circunscripción departamental para que, en el marco de sus respectivas competencias, coadyuven para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo.
La norma agrega que dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado la Policía Nacional del Perú debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
Por último, subraya que la implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Estado de emergencia en Trujillo
El Poder Ejecutivo dispuso también la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Trujillo. La medida estará vigente por 30 días calendario y estará vigente a partir del jueves 13 de junio.
El
Decreto Supremo N° 059-2024-PCM, publicado hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Refiere, asimismo, que durante la prórroga del estado de emergencia continúa vigente la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
La ampliación de la medida se sustenta en los informes elaborados por la Policía Nacional que precisan que persiste la grave amenaza al orden interno con tendencia al incremento como consecuencia del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de los delitos de homicidio, lesiones, hurto, robo, extorsión, secuestro y otros delitos conexos, en la provincia de Trujillo.
En Putumayo y Mariscal Ramón Castilla
Por último, el Gobierno aprobó la prórroga del estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto.
El
Decreto Supremo N° 057-2024-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, indica que la medida estará vigente a partir del miércoles 12 de junio y precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La prórroga del estado de emergencia se sustenta en informes elaborados por la Policía Nacional del Perú y que refieren la persistencia de la problemática advertida en las provincias antes mencionadas, a consecuencia del accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Los citados decretos supremos llevan la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya; y por los ministros del Interior, Juan Santiváñez Antúnez; Defensa, Walter Astudillo Chávez; y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa.