El dictamen propone una comisión investigadora en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a cargo del Parlamento para que haga una investigación sobre presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes de fútbol profesional y formalice, de ser el caso, las denuncias administrativas y penales correspondientes.
También propone una comisión de alto nivel designada por el Congreso, que deberá elaborar y proponer, en un plazo no mayor de 45 días calendario, un nuevo marco legal al que se refiere el artículo 2 de la presente ley, que regule de manera integral el desarrollo de la actividad deportiva de los clubes de fútbol profesional, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y buena fe.
La comisión deberá establecer los mecanismos necesarios para que no exista duda ni cuestionamiento al monto de la deuda concursal de los clubes de fútbol profesional, que no exceda el plazo máximo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley propuesta por la comisión de alto nivel.
Estará integrada por cuatro representantes del Legislativo: uno de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte; uno de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos; uno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y uno de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Además, cinco representantes de los clubes deportivos de fútbol profesional.
Señala que el representante de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ejercerá la presidencia de la comisión y dirimirá en caso ocurran discrepancias en la designación de los representantes o durante el ejercicio de las atribuciones conferidos a estos.
La comisión de alto nivel deberá, entre otros aspectos, encargar una auditoría financiera a los clubes concursados e informar de manera periódica a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte o por simple solicitud de aquella sobre los avances referidos al encargo asumido.
Asimismo, esta comisión podrá recomendar a los representantes del Congreso el inicio de investigaciones contra funcionarios que, en beneficio propio o de terceros, se presuma hayan atentado contra la actividad deportiva de los clubes del fútbol profesional.
Federación
Los alcances de la norma están conforme con la Ley 30727 (Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol), por lo que se pone de conocimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de sus efectos y alcances, para que tome las acciones inmediatas a sus atribuciones como organismo rector del fútbol peruano, según la normatividad de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) y de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), que priman respecto de cualquier normativa.
Al sustentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado (AP), señaló que lo que se busca son las mejores herramientas para el cobro de estos clubes.
"El Congreso no puede ser ajeno a esta problemática que genera diversos efectos sociales alrededor del fútbol a través de cientos de barras organizadas, organizaciones, colectivos, asociaciones a nivel nacional que agrupan a miles de aficionados, que tienen al fútbol como parte cultural importante de su vida cotidiana y se convierte en punto de partida para la transmisión de culto y cultura generacional que han sido materia de análisis e investigación de facultades de ciencias sociales y de antropología de diversas universidades en el mundo", expresó.