El colegiado B de la Sala Penal Nacional decidirá si devuelve al Ministerio Público la acusación fiscal contra 34 acusados, entre oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra, quienes participaron en el debelamiento del motín del penal El Frontón ocurrido en junio de 1986, donde murieron más de 130 internos acusados de terrorismo.
Ese fue el pedido que hicieron al referido tribunal los abogados de los familiares de las víctimas y los defensores de los procesados en audiencia pública de control de acusación, a la que no asistió ningún acusado.
Durante más de dos horas, el colegiado presidido por la jueza superior Emperatriz Pérez Castillo, e integrado por los Alfonso Payano Barona y Otto Verapinto Márquez, escuchó las observaciones de ambas partes.
La fiscal Luz Ibáñez Carranza, quien se presentó a la audiencia media hora después de iniciado el debate, defendió el contenido de la acusación y subrayó que esta cumple con los requisitos formales que exige el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales.
Refirió que el dictamen es muy claro y detalla la participación de cada uno de los acusados, identifica a los autores, precisa las cuestiones jurídicas relevantes, e indicó que los hechos no solo constituyen delito de homicidio calificado sino un crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, la mayoría de los abogados de los familiares de las víctimas como Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, Alex Puente, Andrés Coello, Javier Mendoza y otros, coincidieron en pedir a la Sala que devuelva el expediente a la Fiscalía para que subsane las omisiones y se incluya al expresidente Alan García, miembros de su Consejo de Ministros e integrantes de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas que ordenaron el debelamiento del motín.
Igual pedido hizo el abogado Sergio Tapia Tapia, defensor de varios de los acusados, quien expresó que la acusación contiene “errores sistemáticos” y “el relato de los hechos es insuficiente, vago, oscuro y desordenado”.
En tanto, la procuradora de la Marina de Guerra, Nelly Rubí Agreda, pidió al tribunal que se archive la investigación y la declaración de tercero civil responsable a la institución que representa. La Sala se pronunciará dentro del plazo que señala la ley.
(FIN) NDP/JCC
Publicado: 7/10/2016