La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, señaló hoy que para cerrar la brecha de acceso a los servicios de agua y alcantarillado en el Perú se necesitan más de 53,000 millones de soles.
“No es solo una cuestión de inversión. Si quisiésemos resolver el problema mañana necesitamos más de 53,000 millones de soles, pero no solamente es un tema de cantidad de inversión, sino también de calidad”, dijo a la Agencia Andina.
“Todos los años, el Estado destina aproximadamente 7,000 millones de soles para proyectos y actividades relacionadas al sector; sin embargo, devolvemos casi la mitad, lo cual significa que hay problemas de gestión de ese presupuesto, de capacidades y de gobernanza”, agregó.
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La ministra sostuvo que se debe mejorar todo el sistema de abastecimiento del agua y habilitación de redes de alcantarillado en beneficio del 100% de peruanos.
“Por eso hemos propuesto al Congreso de la República dos cambios normativos importantes. Uno es la propuesta de la Ley de acceso universal al agua, porque es la primera vez que un Gobierno plantea semejante desafío de que el 100% de la población pueda tener acceso al agua en los próximos 10 años”, dijo.
“También hemos pedido facultades para la modificación del Decreto Legislativo N° 1280 (Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento), que se aprobó hace 7 años, pero no se ha logrado bajar la aguja y, al contrario, en algunos indicadores la brecha es aún mayor. Por eso creemos necesario actualizar esa norma y llevarla al contexto actual”, añadió.
Desafíos
La ministra indicó que casi el 10% de la población peruana no cuenta con agua potable y alrededor del 23% de peruanos no tiene saneamiento básico.
“Hay muchos desafíos para cerrar la brecha, entre ellos están asegurar la fuente de agua, la gestión, las tarifas y la calidad del recurso hídrico”, manifestó.
Hania Pérez de Cuellar inauguró esta mañana el Foro “Unidos por el agua y el saneamiento”, que se realiza entre el 7 y 8 de setiembre, con la participación de más de 400 autoridades, expertos y actores políticos, públicos, privados y sociales.
Los participantes firmarán un pacto en el que se comprometen a trabajar conjuntamente para reducir las brechas por las que actualmente 3.4 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 7.6 millones al saneamiento en el Perú.