Lima, jun. 16 (ANDINA).- El Poder Ejecutivo promulgó hoy un Decreto Supremo que establece los procedimientos constitucionales que se deben seguir para los casos de atribución incorrecta de competencias o quebrantamiento del ordenamiento jurídico en el país.
Lima, jun. 16 (ANDINA).- El Poder Ejecutivo promulgó hoy un Decreto Supremo que establece los procedimientos constitucionales que se deben seguir para los casos de atribución incorrecta de competencias o quebrantamiento del ordenamiento jurídico en el país.
Según esta norma publicada en el Diario oficial El Peruano, el Consejo de Ministros, previa sustentación de un informe, será el encargado de autorizar la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra normas y actos emitidos por gobiernos regionales y locales.
El decreto indica que el sector del gobierno nacional que considere afectada una competencia por una norma aprobada por un gobierno regional o local, deberá emitir un informe legal acerca de la vulneración que contenga esa disposición.
Este informe legal deberá ser elevado al ministro del sector correspondiente para su evaluación. Luego, si se considera viable, deberá sustentar el caso ante el Consejo de Ministros y proponer se interponga la demanda correspondiente.
Concedida la aprobación mediante voto del Consejo de Ministros, el Presidente de la República designa a uno de sus ministros para que presente la demanda y lo represente en el proceso.
Asimismo, el Decreto Supremo señala que el ministro designado puede delegar su representación a un procurador público a fin de que inicie las acciones legales correspondientes.
La Resolución Suprema señala también que la normatividad que aprueben los distintos niveles de gobierno en el marco de sus atribuciones y competencias se sujeta al ordenamiento jurídico establecido por la constitución y las leyes de la república.
Indica que el proceso de descentralización constituye una política permanente de Estado, de conformidad con la ley de bases de la descentralización, que es vinculante para todos los poderes, organismos constitucionales autónomos y al gobierno en su conjunto.
Indica, además, que es necesario establecer los procedimientos que permitan utilizar los mecanismos legales a fin de corregir posibles situaciones de una incorrecta atribución de competencias o del quebrantamiento del ordenamiento jurídico.
En la Resolución Suprema también se establece los trámites que deben seguir los sectores de gobierno nacional para la interposición del proceso constitucional de acción popular.
(FIN) DCE/CCR
Publicado: 16/6/2005