En vísperas del
, la organización CHS Alternativo alertó sobre la urgencia de atender el delito de trata de personas, que afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes y mujeres.
Cifras del Ministerio Público citadas por la organización revelan que, hasta octubre de 2021, se registraron 649 casos de víctimas de trata de personas a nivel nacional, de las cuales 582 fueron mujeres.
El 29 % de las víctimas fueron captadas por una falsa propuesta laboral, especialmente en las regiones de Lima, Madre de Dios y Puno. Asimismo, existe 55 % de casos cuya forma de captación se encuentra en investigación.
Otro dato que llama poderosamente la atención, indica CHS Alternativo, es la cifra de casos de menores de edad víctimas de este delito; pues aproximadamente el 45% de las víctimas son adolescentes mujeres entre los 13 y 17 años y el 50% son mujeres mayores de 18 años.
Karina Dianderas, coordinadora del proyecto Servicios de Atención a Víctimas de Trata de Personas de la Región Puno y Madre de Dios de CHS Alternativo y especialista en género, añade que en este panorama debemos considerar el impacto diferenciado que trajo la pandemia.
“Perú evidenció un notable incremento de casos de violencia de género dentro del interior del hogar durante el confinamiento, cuyas víctimas principalmente eran adolescentes y mujeres; si a eso se le suma el impacto económico, que generó mayor pobreza en las mujeres, ellas quedan en mayor riesgo de caer en manos de tratantes”, advirtió.
La ‘Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación Sexual al 2030’, publicada por el Ministerio del Interior el 2021, señala que la explotación sexual se encuentra entre los principales fines de la trata de personas. El documento también revela que durante el confinamiento por covid-19 aumentó la cantidad de personas vulnerables, puesto que a menor empleo, hay un aumento considerable de pobreza, y con ello, se somete a esta población vulnerable a mayor riesgo de ser víctimas.
Además, destaca entre las causas de esta problemática la limitada vigilancia preventiva de este delito en un contexto de vulnerabilidad y agrega otros factores, como que las potenciales víctimas no cuentan con información para prevenir el riesgo, que las instituciones públicas carezcan de información de calidad sobre los espacios, lugares y zonas de victimización y que las acciones de prevención no se han focalizado en las principales zonas de riesgo.
También anota los limitados e inadecuados controles en las fronteras, la persistencia de espacios de trabajo de oferta informal y la ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.
Karina Dianderas agrega, además, la importancia de reconocer que la trata de personas es un delito, puesto que muchas veces las víctimas son culpadas por haber caído en manos de tratantes. “El no reconocimiento de este delito desprende dos escenarios: la ausencia de reportes y denuncias, y su normalización, haciendo que el ciudadano, sin intención, termine avalando el delito de trata de personas”, sostuvo.
Poca evidencia
Ante esta problemática, la organización realiza constantes monitoreos de registro de información sobre situaciones de trata de personas y manifiesta su preocupación porque no exista un sistema centralizado del registro de este delito. Instituciones como la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables muestran registros estadísticos sobre la trata de personas diferentes entre sí, lo que es una desventaja para el establecimiento de políticas públicas de carácter integral que generen mecanismos de prevención, atención y reinserción a las víctimas, sobre todo en regiones con mayor incidencia de victimización y riesgo, como Madre de Dios y Puno.
De igual manera, otro punto alarmante es la ausencia de un registro de casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA), cuya sanción penal es distinta a la trata de personas con fines de explotación sexual y cuyas víctimas son menores de edad. Investigaciones de CHS Alternativo evidencian que representa una problemática en aumento, sobre todo en espacios digitales ante el traslado de las clases escolares a la virtualidad a causa del confinamiento por el covid-19.
En ese marco y ante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización reafirma su compromiso contra la trata de personas y la explotación y alerta del aumento de casos; puesto que, ante la reapertura de las fronteras y la necesidad de sustento económico, son las niñas, adolescentes y mujeres quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas.
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(FIN) NDP/RRC