Lima, mar. 30 (ANDINA).- La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy un proyecto de ley que plantea sanciones más severas, no menor de dos ni mayor de seis años, para los funcionarios que omitan denuncias sobre delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada.
Lima, mar. 30 (ANDINA).- La Comisión de Justicia del Congreso aprobó hoy un proyecto de ley que plantea sanciones más severas, no menor de dos ni mayor de seis años, para los funcionarios que omitan denuncias sobre delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada.
La iniciativa señala que aquél que omite comunicar a la autoridad noticias sobre la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
En caso que el hecho no sea denunciado, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La comisión también aprobó la iniciativa remitida por el Ejecutivo que plantea la vigencia de los artículos 39, 40 y 41 del Código Procesal Penal sobre la transferencia de competencia, que permite cambiar el lugar de juzgamiento de un procesado por circunstancias especiales.
La transferencia de competencia la puede solicitar el fiscal, el imputado y las demás partes, puntualizando los fundamentos y adjuntando las pruebas.
Además, la Comisión de Justicia aprobó la iniciativa que modifica diversos artículos del Código Penal para sancionar a aquellas personas o empresas que producen, venden, ponen en circulación, productos nocivos o medicamentos falsificados o dañados.
(FIN) FPQ/JBR
Publicado: 30/3/2005